​Navidades paganas y precios por las nubes. ¿Qué más queremos?

Alguien, en este país, sigue empeñado en presentarnos una España idílica cuando, la realidad cotidiana, nos está diciendo lo contrario. El Gobierno se niega a admitir que estamos ante una situación complicada y que la mayoría de las promesas que hizo, sus pronósticos, sus afirmaciones de que estábamos recuperándonos, su optimismo respecto a nuestro futuro y las declaraciones de sus ministros llenas de reproches hacia una oposición, a la que no se cansan de calificar de alarmista, desleal, derrotista e inexacta, no son más que intentos baldíos de tergiversar una terca realidad, que amenaza con llevarnos a una situación en la que ya no basten las mentiras, los engaños, las maldades y los cuentos de la lechera para que la ciudadanía siga tragándose los sapos de unos señores que han confundido sus intereses partidistas y personales con lo que el pueblo español necesita para recobrar su confianza de que España y su economía van por el buen camino.

El tema de la energía sigue dando al traste con las previsiones gubernamentales y está poniendo al señor presidente, Pedro Sánchez, en una situación harto incómoda debido a que, su afición a quitarle hierro a los temas graves que afectan al país, pretendiendo que la ciudadanía no se altere ni empiece a ponerse nerviosa, algo que le espanta, le hizo hacer una promesa que es evidente que no va a poder cumplir. Dijo que a finales de año los españoles no habrían pagado por la energía eléctrica más de lo que pagaron en el 2018. Pues bien, estos días, por enésima vez, el precio del megavatio ha superado sus máximos anteriores y ahora el fluido eléctrico se está pagando por encima de los 300 euros. Es evidente que se van a salir con teorías complicadas, con factores justificativos con los que van a intentar acreditar el porqué de que la corriente no va a bajar como dijeron y sí seguirá manteniendo sus precios exorbitantes, un encarecimiento que la ciudadanía y nuestra economía no van a poder resistir.

Es lo mismo que hicieron cuando indexaron el aumento de las pensiones con el crecimiento del coste de la vida. No pensaron que este índice se disparara, como ha ocurrido, y calcularon que con un pequeño aumento de las pensiones de los viejos e incapacitados, iban a anotarse un sustancioso aumento de votos de las clases pasivas. Un 5’5% de incremento, anotado el pasado mes de noviembre, pone en cuarentena las previsiones gubernamentales y han tenido, como siempre, que acudir al engaño hablando de un aumento que será el resultado del promedio de los incrementos del IPC de cada uno de los meses del año. Nunca se ha hecho así, pero no tienen efectivo para poder pagar la cantidad de millones que supondría aplicar un incremento semejante a todos los pensionistas. Engaño tras engaño.

El gas natural se está convirtiendo en una verdadera pesadilla para quienes tienen la misión de garantizar el suministro y, de paso, impedir que sus precios, como está sucediendo, sigan aumentando de una manera extraordinaria. Nadie se cree que un producto que nos llegaba a través de Marruecos, por medio de un gasoducto, se pueda pagar al mismo precio que el que ahora nos llega de Argelia, pero, en este caso, cargado en barcos cisterna que, evidentemente, va a suponer un incremento sustancial de coste, a causa de los fletes y demás costes que esta vía marítima supone.

No, señores, no tiene fácil solución, aunque es evidente que el gobierno no tiene toda la culpa, pero de lo que sí se le puede culpar es de haber incrementado el gasto público por encima de las posibilidades de la nación, de modo que cuando surgen problemas como el mencionado, no tienen medios para paliarlos, si no es acudir a endeudarse todavía más de lo que ya lo está.

Y, en lo que el señor Pedro Sánchez está demostrando su incapacidad para solucionar, es en el grave problema que supone la rebelión soberanista catalana, un continuo de trágalas que se ve obligado a soportar de los nacionalistas catalanes ensoberbecidos, convencidos de que tienen al presidente del gobierno bajo control y dispuesto a darles todo lo que le pidan, con tal de tener su apoyo para la aprobación de los PGE del año próximo. Esto le garantiza seguir al frente del país al menos hasta la llegada de los próximos comicios, en el 2023. Sin embargo, ya se habla del adelanto de elecciones y que, desde la Moncloa, ya se están tomando medidas que podrían relacionarse con una convocatoria para la primavera del año que viene. Conjeturas que, conociendo al señor Sánchez y sus veleidades políticas, puede depender de lo apurado que se sienta y de cómo sigan los problemas del país, uno de los cuales, y no el menos importante, es la incidencia del Covid 19 y sus efectos durante los próximos meses que, sin lugar a dudas, pueden obligarle a variar radicalmente sus proyectos y sus posibilidades de seguir financiando las mejoras sociales que prometió a los trabajadores.

No olvidemos que, la primera de las consecuencias del encarecimiento de la partida energética en España, ya se está empezando a notar en la subida de precios generalizada que se está produciendo y que se va a hacer evidente ya en estas próximas navidades, algo que tiene preocupados a los comerciantes, que ya empiezan a descartar que las ventas se disparen tal y como pensaron que sucedería. Lo mismo puede suceder si, al fin, el coronavirus llegara a hacer imposible que se celebren las llamadas cenas o comidas de empresa a causa de la epidemia. 

Los españoles, que estaban dispuestos a tirar la casa por la ventana aprovechando estas fiestas y la mejora que se preveía a causa de la vacuna masiva que se ha aplicado en toda la nación, parece que empiezan a tornarse más conservadores y a pensar que es mejor no excederse en los gastos, no fuere que tuviéramos que enfrentarnos a nuevas restricciones o confinamientos, según fuera evolucionando la cepa mutante del Omicron.

Y lo mismo, corregido y aumentado, podríamos decir de los catalanes, sus dirigentes, sus partidos enfrentados entre sí y esta deriva provocada por la sentencia del TSJC referente a la obligación de impartir el 25% de las asignaturas en castellano. No entendemos lo que sucede en la Moncloa ni el silencio que mantiene el Gobierno respeto a la actitud levantisca, generalizada, apoyada (¿qué tendrán que ver unos sindicatos obreros en temas que nada tienen que ver con el aspecto laboral?) por UGGT y CC. OO, en contra de la familia que solicitó el apoyo judicial y mucho menos la pasividad de las autoridades docentes (cuando no se hayan sumado también a los ataques en contra de la sentencia del tribunal). 

Sentimos vergüenza ajena al ver como las autoridades catalanas en bloque y al señor Aragonés como principal implicado en la satanización de la resolución que obliga a la escuela a impartir enseñanza en castellano; se han convertido, sin el menor rubor, en vándalos inhumanos contra unos pobres ciudadanos que reclamaron justicia y se la dieron.

Pero las consecuencias para Cataluña ya se evidencian. No sólo son las empresas que, con motivo de los sucesos de octubre del 2017, se desubicaron de Cataluña y no han vuelto, sino que el goteo constante de las que se siguen marchando anuncia que la crisis industrial que está padeciendo esta autonomía va a seguir a peor.Hoy los directivos de un festival de primavera, Primavera Sound, son los que anuncian que se van, hartos de las dificultades que les pone el ayuntamiento de Barcelona. 

Pero es la Nissam, como ya dijimos en otro comentario, la que va a despedir a cientos de trabajadores por cerrar una de sus plantas. Nadie va a querer quedarse en un lugar donde se pagan más impuestos que en el resto de España, que está dirigido por comunistas y separatistas, que se intenta implantar un idioma exclusivo, el catalán, de modo que el castellano se quede como lengua residual y nadie, y menos multinacionales, se va a querer instalar en una zona donde se pretende la independencia, lo que supone quedar fuera de la CE, con todos los inconvenientes de tipo económico y legal que ello les comportaría.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, contemplamos con asombro como, en estas difíciles circunstancias, provocadas por la desorbitada crecida del coste energético, cuando el gobierno había prometido medidas para aliviar semejante crecida consistentes en una rebaja de la fiscalidad en la factura de las empresas, la señora ministra de Hacienda, señora María Jesús Montero, nos tira encima una jarra de agua helada al anunciar que se prorrogará hasta Abril la actual rebaja de impuestos que afectan a la factura eléctrica. No dice, la ministra, que esta medida no es suficiente ni, por si sola, es capaz de impedir que el coste de la corriente eléctrica se constituya en un factor determinante de los costes de producción y, en consecuencia, de la competitividad respecto al resto de empresas de la competencia. 

Lo mismo de siempre, parches y más parches, fruto de la improvisación de unos señores que no tienen la preparación, la experiencia y el saber hacer propios de aquellas personas que han trabajado en la empresa privada y están acostumbradas a enfrentarse con tales circunstancias. La burocracia siempre ha sido uno de los males endémicos de nuestra patria y uno de los graves defectos del comunismo internacional.