“El primer objetivo del Plan de Acción Europeo de Economía Social pasa por promover una definición jurídica común e inclusiva”

El presidente de Cepes y de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño, ha señalado que “el primer objetivo del Plan de Acción Europeo de Economía Social pasa por promover una definición jurídica común e inclusiva adapatada a la diversidad de los territorios”.

Durante la reunión del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo, denominado ‘Hacia una recomendación del Consejo sobre Economía Social: promover la convergencia de los marcos europeos de economía social’, apeló al Consejo de la UE a incluir en su recomendación este concepto común, la cual deberá ser aprobada en 2023, ya que, tal y como aseguró, “la existencia de un marco jurídico es la primera piedra de un ecosistema de economía social en Europa”.

Además de este concepto común, el presidente de Cepes y de Social Economy Europe señaló a otras políticas públicas e instrumentos que, según el sector, debe incluir la recomendación del Consejo. “La fiscalidad y ayudas de Estado; la contratación pública socialmente responsable; y la educación, visibilidad e interlocución como elementos cruciales o las cuentas satélite, entre otros ámbitos”, dijo.

En el encuentro, que se celebro de manera virtual, Pedreño destacó la importante labor que tiene el intergrupo y el papel del Plan de Acción Europeo para la Economía Social como catalizador de este modelo empresarial. “Necesitamos contar con una estrategia catalizadora para que todos cooperemos juntos en una estrategia común de economía social”, subrayó el presidente de Cepes.

Igualmente, recordó algunos de los objetivos por los que se está trabajando desde Social Economy Euroe, entre los que se encuentra lograr que la economía social represente al menos el 10% del empleo europeo en 2030 (frente al 6,7% que representaba en 2017), lo que representaría en torno a 22 millones de puestos de trabajo. Otros objetivos que señaló son los de superar los obstáculos jurídicos a los que se enfrentan algunas empresas de economía social en diversos países, así como la puesta en marcha y consolidación de organizaciones representativas potentes de la economía social, especialmente en aquellos países donde su ecosistema está menos desarrollado.

El eurodiputado y vicepresidente del Intergurpo de Economía Social del Parlamento Europeo, Jordi Cañas, subrayó que “El despegue del Plan de Acción Europeo para la Economía Social pasa por una definición jurídica conjunta de este modelo empresarial y su dotación con instrumentos financieros y de asesoramiento”.

Cañas apostó por un Plan de Acción Europeo para la Economía Social “ambicioso” y señaló que “el actual Plan adoptado por la Comisión Europea es un buen plan pero necesitamos que el Parlamento Europeo lo complete para dar respuesta a las necesidades del sector”.

El Plan de Acción Europeo para la Economía Social fue adoptado el pasado mes de diciembre por la Comisión Europea y está previsto que reciba el informe del Parlamento Europeo a finales de marzo.

Cañas subrayó tres ámbitos en los que, a su parecer, el Parlamento Europeo debe profundizar en su informe para que este modelo empresarial avance en el conjunto de Europa. En primer lugar, apuntó a la necesidad de una definición jurídica común de economía social para “recoger el conjunto de sensibilidades que la concreción de un marco europeo requiere”. En segundo lugar, a la necesidad de dotar a este modelo de instrumentos financieros y, en tercer lugar, de instrumentos formativos y de asesoramiento, “que le permitan acceder a las posibilidades que ofrece Europa para hacer frente a los retos actuales”. Asimismo, insistió en la importancia de contar con instrumentos de monitoreo para medir los resultados del plan.

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, puso en valor el Plan de Acción Europeo para la Economía Social: “Sitúa a la economía social en el lugar que merece y le da el impulso definitivo tras las declaraciones de Luxemburgo, Madrid y Toledo”.

Asimismo, afirmó: “Vamos a hacer de la economía social una de las prioridades de la presidencia española de la Unión Europea. Para ello, intensificaremos los contactos con el Intergrupo del Parlamento Europeo”. Además, aseguró que desde el Gobierno ya se está trabajando intensamente por la economía social, y puso como ejemplos la denominación del Ministerio de Trabajo y Economía Social, así como el trabajo que ya está realizando el Ejecutivo en la Estrategia Española para la Economía Social 2021-2027.

Señaló que la economía social va a tener un papel destacado en el marco de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con partidas específicas para la economía social y la economía de los cuidados y estará muy presente en la agenda de la Presidencia Europea de la UE que presidirá España en el 2023.

El secretario de Estado también hizo referencia a la voluntad del Gobierno de renovar los instrumentos jurídicos que regulan las cooperativas o las empresas de inserción, tal y como adelantó hace unos días la ministra Yolanda Díaz, “los cuales serán claves en nuestras estrategias, tanto de empleo como para el acceso de nuestros trabajadores a la protagonización de proyectos empresariales”.

“Creemos que es un momento crucial para impulsar la economía social desde las instituciones y pondremos todo lo necesario para avanzar en su marco normativo”, concluyó.

Por último, la Secretaria de Estado de Economía Social y Solidaria de Francia, Olivia Grégoire, subrayó que, en el marco de la actual Presidencia de la UE que asume Francia en este semestre, la economía social está teniendo un “gran protagonismo”. Recordó el reciente acuerdo de 23 gobiernos hacia este modelo empresarial y también informó que en la próxima reunión de Ministros de la UE se debatirá sobre la recomendación de la economía social.