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En tan solo 6 semanas, el BCE se ha desdicho de su estrategia de subir 25 pb los tipos y su línea de actuación se ha vuelto más opaca. Ante un contexto más incierto que nunca en el plano de la inflación, las debilidades de la actividad económica, la política y la geopolítica, la institución toma la decisión de navegar a ojo en función de los datos económicos futuros, sumergiendo a los mercados en una bruma aún más espesa.
Por otro lado, después de varios meses de maduración, se ha diseñado la herramienta antifragmentación destinada a evitar una diferencia demasiado grande entre los tipos de la deuda pública de los países europeos. En cuanto a la forma, los contornos del denominado Transmission Protection Instrument (TPI) únicamente se precisaron tras el fin de la conferencia de prensa mediante un breve comunicado, lo que imposibilitó a los periodistas clarificar su calado. ¿Hay que inferir cierto malestar dentro del consejo de gobierno, pese a que este mecanismo es fruto de una decisión unánime? En cuanto al fondo, la incertidumbre también es la nota predominante. El BCE hace gala de una gran discreción en relación con la implantación del TPI y, en este sentido, los criterios que determinan su despliegue en un país concreto parecen subjetivos y, por tanto, potencialmente endebles desde un punto de vista jurídico.
Este golpe de timón se explica sin duda por la delicada situación en la que se encuentra el BCE: después de haber tardado en tomarle la medida a una inflación persistente, la institución tal vez trata de compensar su retraso con el fin de estar en disposición de afrontar una recesión que se vuelve más probable cada semana que pasa. En lugar de defender a toda costa su credibilidad, la entidad prioriza el pragmatismo y la capacidad de reacción.
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