Veinte países tratan de resolver el rompecabezas venezolano

Foto de familia de los participantes en la conferencia internacional sobre la situación política de Venezuela, con el presidente colombiano Gutstavo Petro al frente. La reunión hizo que los reflectores de una veintena de gobiernos se enfocaran nuevamente en la prolongada crisis venezolana. Foto: Presidencia de Colombia

BOGOTÁ – Los gobiernos de 20 países de tres continentes propusieron, en una conferencia convocada por el presidente colombiano Gustavo Petro, una progresiva solución de equilibrio a la crisis de la vecina Venezuela, con desmonte de las sanciones contra ese gobierno a cambio de elecciones libres y limpias.

La conferencia, el martes 25 de abril, adoptó la tesis de Petro para transitar hacia una solución “sobre dos rieles”: un cronograma para las elecciones presidenciales previstas para 2024 “para que el pueblo pueda decidir libre y soberanamente qué quiere”, y que se levanten las sanciones como demanda Caracas.

Desde que el presidente Nicolás Maduro se reeligió en 2018 en unos comicios en los que la mayoría de opositores se abstuvieron, considerándolos fraudulentos, Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos incrementaron sus sanciones económicas y financieras sobre autoridades y empresas del Estado venezolano.

Maduro culpa a las sanciones por la debacle económica del país, que en la segunda década de este siglo perdió cuatro quintas partes de su producto interno bruto, sumió a la mayoría de la población en la pobreza y espoleó el éxodo de más de siete millones de venezolanos al exterior, sobre todo a vecinos como Colombia.

En paralelo, los poderes en Venezuela, todos en manos del oficialismo, endurecieron el cerco institucional y electoral sobre la oposición -hay más de 360 presos políticos, civiles y militares-, con partidos oficialmente proscritos y dirigentes inhabilitados como posibles candidatos, presagio de una elección nada competitiva.

La crisis política venezolana, que atrajo los reflectores de la región durante las dos primeras décadas de este siglo, continuaría entonces durante la tercera sin solución a la vista, según el temor y el interés manifestados por la conferencia de Bogotá.

Participaron, representados por cancilleres, embajadores y otros funcionarios, los gobiernos de Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia y México, país sede de unas interrumpidas negociones entre gobierno y oposición de Venezuela.

Asimismo, Noruega, país facilitador de las negociaciones en México, Portugal, Reino Unido, San Vicente y las Granadinas (por su primer ministro Ralph Gonsalves, aliado de Maduro), Sudáfrica, Turquía y el alto representantes de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

Una declaración de 250 palabras tras la reunión indicó que allí “se identificaron posiciones comunes” en torno a tres temas, comenzando por “la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos”.

En ese sentido, “se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021”, que tras unas elecciones regionales criticó las inhabilitaciones políticas arbitrarias, el ventajismo oficialista y la falta de independencia judicial.

La conferencia también coincidió en que “los pasos acordados a satisfacción de las partes (el gobierno y la plataforma que reúne a los principales grupos opositores) vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones”.

Y luego “que la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega que ha tenido lugar en México sea acompañada con la aceleración de la implementación del fondo fiduciario único para inversión social en Venezuela”.

En México, el pasado noviembre, el gobierno y la plataforma opositora acordaron gestionar que 3000 millones de dólares, fondos del Estado venezolano represados en bancos de Estados Unidos y Europa en el contexto de las sanciones, se liberen para inversión social bajo la coordinación de agencias de las Naciones Unidas.

Ante la demoras para esa liberación de recursos, el gobierno de Maduro ha rehusado regresar al diálogo en México, y demanda además el cese de las sanciones y la liberación del empresario colombiano Alex Saab, que Caracas acredita como diplomático suyo, detenido y procesado por varios delitos en Estados Unidos.

Finalmente, los conferenciantes anunciaron que volverán a reunirse para hacer seguimiento “a los desarrollos de lo alcanzado” en su cita de Bogotá, “Parece que la intención del gobierno de Colombia es que los 20 países que participaron en la conferencia se constituyan en un grupo permanente”, observó Mariano de Alba, consultor en la organización de análisis de conflictos International Crisis Group, basada en Bruselas.

De Alba resaltó que “no hubo ningún logro en la conferencia, pero la declaración asoma lo que debería suceder: Estados Unidos acelera la constitución del fondo del Acuerdo Social, Maduro regresa a México a negociar garantías electorales y, si se concretan, Washington levantaría sanciones”.

Las reacciones de los contendores en Venezuela fueron positivas y agradecidas hacia la conferencia, pero cada parte colocó el énfasis en su respectiva prioridad, lo que augura duras y quizá prolongadas nuevas negociaciones, si se concretan.

Minutos después de leída la declaración final en Bogotá, el gobierno de Venezuela reiteró “la necesidad imperante de que sean levantadas todas y cada una de las medidas coercitivas unilaterales, ilegales y lesivas del derecho internacional que constituyen una agresión a toda la población venezolana”.

Además “reclama la devolución de los activos pertenecientes al Estado venezolano ilegalmente retenidos por países e instituciones financieras extranjeras”.

Asimismo “reitera que el camino para avanzar en el diálogo político pasa por el cumplimiento a cabalidad del compromiso alcanzado en la Mesa de Negociación en México para la creación de un Fondo Social (…) que contempla inversiones en salud, educación, servicios públicos y mitigación de riesgos”.

Finalmente exigió “la inmediata liberación del diplomático venezolano Alex Saab, injustamente detenido en los Estados Unidos de América”.

Un comunicado de la plataforma opositora celebró que “hubo consenso de todos los países participantes sobre la urgente necesidad de retomar, sin excusas ni más dilaciones, el proceso de negociación establecido en la Ciudad de México”.

La plataforma confía en que las posiciones comunes expuestas en Bogotá “den el impulso necesario para avanzar en temas sensibles, como la liberación de todos los presos políticos”.

Igualmente, en “un cronograma que nos permita rescatar la democracia a través de la realización de elecciones libres, transparentes y con garantías para todos los venezolanos”.

Agregaron la propuesta de aprovechar el contexto internacional y regional para crear un grupo de países amigos de las negociaciones en México.

La reunión estuvo a punto de alterarse con la sorpresiva llegada a Bogotá del dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, quien fue durante tres años presidente nominal del país, como contrafigura de Maduro, según la Asamblea Nacional legislativa elegida en 2015 con mayoría opositora.

El gobierno de Petro rápidamente colocó a Guaidó en un avión que lo llevó a la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde consideraría solicitar asilo.

Petro, finalmente, reiteró su tesis de que Venezuela debe regresar al sistema interamericano de derechos humanos, del cual se apartó Caracas hace varios años, así como de la Organización de Estados Americanos, de la que se retiró en 2019.

A-E/HM - Fuente: IPS