​Fundación Madrina solicita al nuevo gobierno 31 medidas para proteger a la infancia y maternidad vulnerable

La Fundación Madrina solicita al futuro nuevo Gobierno de España la implantación de medidas urgentes para disminuir la pobreza infantil y materno-infantil, volviendo a una sanidad universal, perdida hace unos años, aumentando la construcción y habilitación de viviendas sociales en los entornos urbanos y sobre todo en el entorno rural; mejorando las condiciones de los autónomos y generando nuevas figuras legales para favorecer el empleo y el emprendimiento, como los visados de emprendimiento, y favoreciendo la movilidad de las familias con menores a cargo hacia el entorno rural.

La Fundación Madrina entiende que se debe apoyar ya la repoblación rural con familias vulnerables, desde las grandes urbes donde no pueden sobrevivir, revitalizando así las zonas rurales y evitando el cierre de escuelas y servicios. Actuando de este modo, se deslocaliza la pobreza infantil y materno-infantil, desde las grandes urbes hacia áreas rurales que carecen de población infantil, permitiendo que las familias en situación de vulnerabilidad, puedan empezar una nueva vida.

Actualmente, en las grandes ciudades, las familias con menores a cargo no pueden sobrevivir por los altos precios de las viviendas, la energía y los alimentos, además de la multitud de garantías y trabas que sufren para poder acceder al alquiler de una vivienda.

Fundación Madrina desarrolla desde hace 19 años su programa de "Pueblos y Abuelos Madrina", programa que ya ha trasladado al entorno rural a más de 300 familias, muchas de ellas desahuciadas, y 1.000 niños en situación de vulnerabilidad.

El objetivo es evitar “anclar la pobreza” en las zonas urbanas más pobres, como consecuencia de la migración masiva, pérdida de empleo y pérdida de ayudas sociales, reubicando a estas familias en zonas rurales más amigables para vivir y para criar a los niños. De este modo, si se consiguiera trabajo o alojamiento para estas familias en alguna zona rural, estas podrían “colonizar” libremente nuevos espacios y hogares rurales.

Para evitar este anclaje, se debe crear una “caja solidaria única intercomunitaria, social y fiscal” financiada por el Estado, que asuma los costes administrativos, fiscales y sociales por la movilidad de familias y personas vulnerables entre comunidades autónomas al cambiar de alojamiento o trabajo. Hay familias que no desean moverse por las ayudas sociales, sanitarias o fiscales que reciben en su comunidad.

Asimismo, muchas familias vulnerables siguen “ancladas” en “guetos de pobreza” a causa de las ayudas sociales locales, ya que no pueden trasladarse a otros lugares de España, pues perderían esas ayudas si salen de su provincia, municipio y sobre todo de su comunidad autónoma.

El empadronamiento es un requisito importante para acceder a ayudas y servicios sociales en España. Muchas familias no pueden empadronarse o si lo hacen, es muy lejos de su domicilio. Con la crisis económica, muchas familias se ven obligadas a vivir hacinadas en un mismo hogar, conviviendo hasta 3 generaciones en una misma casa e incrementando la población no empadronada o que no puede empadronarse por convivir con abuelos, lo que hace peligrar sus pensiones. Muchos propietarios hacen negocio con este problema, cobrando hasta 300 euros por empadronamiento y persona.

Otro dato de pobreza infantil es que un 18 % de los niños nacidos en España no tienen papeles al no concederles el pasaporte el Consulado de su propio país, o bien, se les cobra hasta 200 euros por el mismo. Estos niños sufren una exclusión legal y administrativa, generando una situación injusta para estos menores que viven en España y que carecen del derecho fundamental a la salud, entre otros derechos.

Asimismo, un dato de exclusión administrativa es que las familias vulnerables -con problemas graves de alimentación o alojamiento-, deben esperar entre 3 y 6 meses, para una cita y solución de ayuda con la administración o con los servicios sociales. En este período de espera, la situación de muchas familias se agrava, provocándose el desahucio, la pérdida de empleo y en consecuencia, de alojamiento.

Fundación Madrina, recomienda ampliar la garantía infantil sanitaria para niños y madres vulnerables especialmente en odontología y oftalmología. Igualmente, se solicita aumentar las transferencias directas del estado para paliar la pobreza extrema con una ayuda directa para alimentación básica e higiene infantil, de entre 7.000 y 10.000 euros anuales para familias con menores a su cargo. Igualmente, para mejorar la protección de los niños que nacen y residen en España, debe reconocerse su nacionalidad por “derecho de suelo”, al haber países que no presentan convenios con España.

Añadir la importancia de habilitar una mayor inversión en conciliación, incluso en verano, para zonas urbanas y rurales, protegiendo a la infancia y maternidad vulnerable. Muchas mujeres con cargas familiares deben desistir de trabajar en verano porque no pueden conciliar horarios. Madrina solicita que colegios y guarderías no cierren en verano. También solicita mejorar la accesibilidad y zonas de descanso, lactancia o parking exclusivas para madres embarazadas o con menores a cargo, con carritos o porteados.

Igualmente, se deberá aumentar la inversión en vivienda social, garantizando los alquileres sociales en las ciudades y en las áreas rurales, con garantías, seguros y avales cubiertos por cada comunidad. Es importante igualmente crear un plan de mejora y habitabilidad de viviendas vacías en municipios pequeños para que los habiten familias con alquiler social.

Igualmente, Madrina recomienda crear un plan de empleo y emprendimiento en zonas rurales que fomente el empleo y emprendimiento rural, la soberanía energética, agrícola y ganadera, y promover el derecho a la vivienda, al empadronamiento y la movilidad geográfica de las familias vulnerables hacia áreas rurales.

Por último, Fundación Madrina solicita que se mejore la desgravación fiscal hasta el 100% para las empresas que donen alimentación, higiene, ropa y enseres materno-infantiles.

Madrina considera que el eje de actuación del nuevo Gobierno debería centrarse en lo que la Fundación considera “las 3 erres”: repoblación y emprendimiento rural, la reforestación y la reconstrucción de viviendas sociales. En este sentido, y para disminuir el impacto de la pobreza extrema en la población española, la Fundación Madrina solicita al nuevo Gobierno que implante medidas de urgencia para favorecer el derecho a la sanidad universal, a la vivienda y al empleo, resumiendo las mismas en las siguientes 31 medidas:

SANIDAD

1. Garantizar la salud universal e igualitaria en todo el territorio español, sin diferencias, para la infancia y las mujeres especialmente embarazadas, o con hijos menores en todo el territorio, independientemente de su estatus administrativo y legal.

2. Brindar una sanidad igualitaria en todo el territorio español, sin diferencias, a través de una tarjeta blanca sanitaria única que valga para todo el territorio español, sin diferencias, especialmente para todas las familias vulnerables incluidos los hijos menores, con derecho a la seguridad social y a la tarjeta sanitaria, independientemente de su estatus administrativo y legal, incluida la carencia de empadronamiento o de papeles, manteniendo los mismos derechos sanitarios y de recetas electrónicas en todo el territorio nacional.

3. Ampliar el servicio sanitario para niños y madres vulnerables para oftalmología para gafas y para dentistas.

ALIMENTACIÓN

4. Garantizar el derecho a la alimentación para menores y mujeres embarazadas, igualmente para mayores >60 años, especialmente para los más vulnerables y que carecen de pensiones o son muy bajas, o están sin regularización administrativa.

5. Aumento de las transferencias directas del estado para paliar la pobreza extrema y “materno-infantil”.

6. Ayuda directa para alimentación básica e higiene infantil, a las familias, 7-10.000 euros anuales por familia.

7. Ofrecer la cesta básica de alimentos a precio subvencionado y sin IVA, especialmente para alimentación e higiene infantil.

SOCIAL

8. Crear una tarjeta verde social única con las mismas ayudas sociales en todo el territorio español para familias vulnerables, con hijos menores.

9. Que las ayudas sociales se den por unidad familiar y no por hogar o empadronamiento, ya que hay hogares donde conviven varias familias que se encuentran en la misma situación de pobreza extrema y que nunca podrán acceder a ninguna ayuda.

10. Creación de un salario base maternal para mujeres que quieran educar y criar a los niños al menos durante 3 años, con el propósito de cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene, transporte, ropa y educación infantil, garantizando la vuelta al mundo laboral.

11. Apertura y agilización de gestiones y citas de la administración del Estado y de las administraciones locales y autonómicas, para mitigar el aumento de la pobreza de familias, autónomos y pymes.

12. Crear una tarjeta de maternidad / paternidad para favorecer el acceso al transporte, alimentación, cultura y movilidad de las madres/padres con menores a cargo.

13. Garantizar el derecho a empadronamiento de toda persona que viva en territorio español; y mantener la antigüedad de empadronamiento de todas las personas en todo el territorio español, permitiendo la movilidad geográfica de familias vulnerables sin perder los derechos sociales adquiridos.

14. Que colegios y guarderías abran en verano con el fin de que los padres puedan trabajar.

VIVIENDA

15. Garantizar el derecho a la vivienda de un menor y subsidiariamente de su madre y familia.

16. Aumentar inversión en vivienda social, garantizando los alquileres sociales en las ciudades y en las áreas rurales, con garantías, seguros y avales cubiertos por cada comunidad.

17. Favorecer el realojo de familias vulnerables en riesgo de situación de calle, en pequeños municipios (con menos de 500 habitantes), con la capacitación de viviendas de propiedad del municipio, o de particulares, con garantías, seguros y avales de cada comunidad.

18. Generar un plan de mejora y habitabilidad de viviendas vacías en municipios pequeños para habitarlo familias con alquiler social.

19. Amparo y protección de hogar y empadronamiento para mujeres gestantes y madres con hijos menores de 3 años, a los que les es imposible empadronarse en ningún lugar o bien acceder a ninguna vivienda.

FORMACIÓN Y EMPLEO

20. Garantizar la rápida inclusión laboral, con la homologación exprés de títulos de educación y carreras esenciales como sanidad, ingenierías y otras ramas profesionales necesarias.

21. Garantizar un visado de trabajo exprés al emprendedor especialmente con menores a cargo, que deseen emprender especialmente en el entorno rural..

22. Generar un plan activo de empleo y emprendimiento, especialmente en zonas rurales a través de un programa de empleo rural que recupere los trabajos olvidados y perdidos de estas áreas rurales.

23. Proteger a los autónomos con una cuota fija social durante los 5 primeros años, y gratuita los dos primeros años.

MOVILIDAD

24. Mejorar la accesibilidad y zonas de parking exclusivas para madres embarazadas o con menores a cargo, con carritos o porteados, en transporte urbano como buses, metro y lugares públicos, facilitando elevadores, parking y espacios adaptados.

25. Crear una Tarjeta maternidad / paternidad gratuita de transporte en vehículos para madres con menores a cargo, que puedan aparcar en Vados de carga / descarga y en discapacidad.

LEGAL

26. Especial protección para los niños que nacen o residen en España reconociéndose su nacionalidad por “derecho de suelo” al carecer de identidad en algunos casos por no haber convenios bilaterales entre los estados. Este reconocimiento ya lo han realizado algunos países para preservar el mayor bien del niño o niña, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

FISCAL

27. Desgravación fiscal del 100% a las empresas que quieran donar alimentación, higiene, ropa, enseres y carros espacialmente alimentos y enseres “materno-infantiles”.

28. Crear una “Caja solidaria única intercomunitaria, social y fiscal” financiada por el Estado, y que asuma los costes administrativos, fiscales y sociales de la movilidad de familias y personas vulnerables entre comunidades autónomas, al cambiar de alojamiento o trabajo. Hay familias que no desean moverse por las ayudas sociales, sanitarias o fiscales de cada comunidad.

DESLOCALIZAR LA POBREZA DESDE LAS GRANDES URBES HACIA LAS ZONAS RURALES

29. Facilidad de inversión en vivienda, movilidad y trabajo en el entorno rural para madres y padres con más de 3 menores a cargo.

30. Invertir en sanidad, movilidad, energía, transporte y educación en el entorno rural.

31. Crear un mapa general de zonas rurales con alertas de despoblación e inminente pérdida de servicios.