El Consejo de Ministros de España ha aprobado un informe elaborado por un comité de 50 expertos que propone 107 medidas para proteger a los menores en el entorno digital. Entre las recomendaciones destacan la prohibición de dispositivos con acceso a internet para adolescentes de 12 a 16 años y la eliminación de pantallas a niños menores de 6 años. La iniciativa coincide con la reciente legislación australiana que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años.

Se están tomando medidas muy peligrosas sin que se cuente para nada con los sujetos que habrán de padecerlas. Si no véanse muchas de las decisiones de la UE, que pueden recortar o acabar con la protección social de sus estados. Recuérdese el nefasto TTIP. El derecho comunitario impera sobre las constituciones nacionales; una paradoja jurídica dado el menor grado de legitimidad de aquel.

La tecnología de Inteligencia Artificial (IA) “no puede dejarse únicamente a los caprichos de los mercados” y se requiere de una gobernanza global que proteja los derechos humanos y beneficie a la sociedad, según han planteado expertos reunidos por las Naciones Unidas en un informe presentado esta semana.

Atención a esta frase del ámbito económico y financiero: «Cuando los agentes económicos mantienen perspectivas optimistas no siempre aciertan, pero cuando se generaliza el pesimismo es mucho más probable que se materialice». Piensen, es lo que ocurre en España... Y más allá de una visión económica, entran en juego el ámbito sociológico y el psicológico.

Agentes externos y contradictorios a lo que es la particularidad española no tienen ningún plan realista y efectivo que garantice la preservación del medio ambiente español, y sus medidas únicamente van destinadas a crear un orden político nuevo que modifique la vida y las costumbres de los españoles.

El FMI (Fondo Monetario Internacional), sugiere adoptar medidas para la sostenibilidad del sistema de pensiones, dado que las personas viven más tiempo, la población está envejeciendo y faltan trabajadores que coticen. Por todo ello, consideran que se deben de tomar medidas para equilibrar los ingresos y los gastos, evitando déficits insostenibles, por lo que pretenden, limitar las subidas de las pensiones y al mismo tiempo seguir subiendo la edad de jubilación.

Había recortes, ahora habrá más. Había escudo social, ahora habrá menos. ¿Por qué no redistribuir la riqueza? En 2020, debido a la pandemia, la Unión Europea (UE) no tuvo más remedio que aflojar el dogal que exigía apretarse el cinturón para reducir deuda y déficit. Se necesitaba una enorme inyección de dinero público para paliar las consecuencias más graves sobre la mayoría de la población, en especial, la más vulnerable. Esos tiempos, para la UE, ya se han acabado.

Cuando se empieza a discutir la posible formación de un nuevo gobierno de coalición progresista en España vuelve a hablarse de medidas económicas que suelen concitar bastante desacuerdo entre economistas. Con los precios de muchos bienes y servicios básicos, como los alimentos o la vivienda, todavía subiendo, aunque el índice general se haya frenado, desde la izquierda se proponen controlarlos legalmente. 

Actualmente hay cientos, quizá miles de empresas, a lo largo de todo el planeta, queriendo relocalizarse y, tras ellas, capitales multimillonarios buscando ponerse a salvo del fiasco que les ha supuesto la globalización de las últimas décadas y para tratar de acomodarse a los cambios productivos y tecnológicos que vienen como algo ineludible.

Madrina alerta de la importancia de acabar con la pobreza “materno-infantil” que está creciendo en España, a través de activar medidas como volver a la salud universal y la asistencia social permanente en todo el territorio nacional. Además, pide incorporar un visado de trabajo y emprendimiento exprés para emprendedores con menores a cargo y dejar los colegios y guarderías abiertos todo el año para evitar pérdida de empleo de las mujeres vulnerables, entre otros.

La lógica es útil en la realidad ya que en muchas situaciones de la vida real, brilla por su ausencia. En el ámbito de la formación es muy necesaria, porque los pasos o procedimientos lógicos hacen posible que los procesos formativos sean más rápidos y eficientes.

Las medidas contra la inflación que ha puesto en marcha de manera triunfalista el Gobierno de la nación harán que las familias ahorren 3,5 euros a la semana aproximadamente. Con estas cifras, si uno de los miembros de la familia se desplaza a otra población cercana a trabajar se perdería ese ahorro y se gastaría algún euro más en el transporte por carretera. Son ayudas económicas ínfimas que no sirven para sacar del atolladero a millones de personas y familias españolas.

A escasos días de que el Gobierno anuncie su paquete de medidas para tratar de contener la inflación, la cadena de valor del gran consumo pide al ejecutivo que éstas no incrementen aún más la presión sobre un sector que atraviesa un momento de máxima complejidad y, cuyo objetivo principal, es contribuir al bienestar social y al desarrollo económico de nuestro país.

La necesidad de mejora de los bonos social y térmico; el apoyo a las personas consumidoras vulnerables; la necesidad de aplazamientos en el pago del recibos; la mejora de la transparencia de las empresas en las tarifas; la revisión de la tarifa PVPC, y la promoción del autoconsumo con mejora de los requisitos legales para la conexión a la red de las comunidades de consumidores son algunas de las propuestas realizadas por el Consejo de Consumidores y Usuarios.

Cuando llega un nuevo gobierno a un país lo lógico es que se espere que, aquellos defectos que se le achacan al anterior y que han sido causa de su caída sean los primeros en corregirse; al menos, que exista una verdadera intención de hacerlo. 

El Pleno del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) ha analizado el encuentro celebrado con la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz; el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y las patronales de la distribución: ANGED, ASEDAS y ACES, con el fin de abordar la creación de una cesta de alimentos básicos y saludables ante la escalada de precios que está afectando a la sociedad española en el sector de alimentos y bebidas.

Los banqueros no sienten la inflación -el sueldo de sus cúpulas sube un 5%- y 14 integrantes del Consejo de administración de Iberdrola se reparten 89.700 euros al día como si fuera sueldo. Pero los hogares españoles son los segundos en toda Europa que más capacidad de ahorro están perdiendo: nuestros salarios crecen cuatro veces más despacio que la inflación.

El calor que padecemos al igual que el frío, nos produce unas sensaciones térmicas que las mitigamos con una disminución o aumento de la temperatura ambiental. Cuando no existía el aire acondicionado o la calefacción combatíamos el calor con lumbrado, materias orgánicas como el carbón o la madera.

Confieso que hoy tenía esperanza de que la Bolsa comenzara a extender normalidad y a dejar de darnos disgustos, como la semana pasada, incluso ayer jugueteó todo el tiempo para acabar en el equilibrio bajista con el que había comenzado. Si ya había perdido miles de millones de inversión desde que bajó de los 9000 puntos, con el anuncio a traición de las medidas procomunistas apoyadas por Pedro Sánchez, esos miles de millones se han visto multiplicados.

Parece que ha llegado el periodo vacacional pospandemia. Aunque relativizando muchas cosas, porque todavía se producen muchísimos contagios en España y el resto del mundo. Pero esto pasa, en parte, desapercibido, ya que las televisiones generalistas han quitado el foco de la última ola de coronavirus y no le dedican apenas atención en sus informativos.