CECU pide al nuevo Gobierno prorrogar y mejorar las ayudas a las facturas energéticas

Ante el inminente fin de las ayudas a las facturas de la luz y el gas y del resto de medidas del escudo social aprobadas desde la pandemia, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU insta al nuevo Gobierno no solo a renovar su aplicación, sino también a mejorar su sistema de concesión para cubrir de manera efectiva las necesidades de todas las personas en situación de vulnerabilidad energética.

El fin de estas ayudas significará una importante reducción en el número de potenciales beneficiarios: según datos del último informe publicado por el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA), estas medidas extraordinarias redujeron la factura un 4,9% para el 1% de hogares más vulnerables, mientras que para el 1% más rico, esa reducción fue tan solo del 0,1%. Esto es todavía más grave teniendo en cuenta que nos encontramos en un contexto en el que el coste de la vida es cada vez más elevado a raíz de la inflación, los precios de bienes y suministros básicos son desorbitados y son cada vez más los hogares españoles en situación de vulnerabilidad energética.

En particular, supondrá la vuelta a los umbrales de renta establecidos en 2017, que no cubren ni por asomo a todas las personas que deberían contar con una protección por parte de la Administración. En el caso de una familia con dos personas adultas y dos menores a cargo, por ejemplo, se pasará de un umbral de 26.040 euros a 23.520 euros de renta anual de la unidad familiar. Se regresará también a los porcentajes de descuento en la factura anteriores a la pandemia, que pasarán del 65% al 25% para las personas consumidoras vulnerables y de 80% a 40% en el caso de las personas vulnerables severas.

No obstante, a pesar de la extensión que ha supuesto el escudo social, apenas el 8,3% de los hogares está acogido al bono social eléctrico; frente al 14,3% que señala tener dificultades para mantener su vivienda a una temperatura adecuada, de acuerdo con datos de Eurostat y de la encuesta elaborada por CECU sobre acceso a la eficiencia energética de las personas consumidoras en España.

Soledad Montero, responsable de energía de CECU afirma que “la urgente renovación de estas ayudas extraordinarias constituye una oportunidad para ampliar su eficacia y cobertura a través de una reforma del bono social eléctrico, que priorice el criterio de renta”.

Desde CECU consideramos que la reforma del bono social eléctrico debe estar encaminada a:

- Facilitar el procedimiento de solicitud y concesión del bono social eléctrico, de manera que esta sea automática al menos para los hogares más vulnerables.

- Reforzar los criterios de renta, especialmente en un contexto de inflación mantenida y generalizada como el actual, para evitar restringir aún más el acceso al bono social eléctrico para hogares y familias en situación de vulnerabilidad energética.

- Revisar los criterios de concesión del bono social, de manera que en todos los casos se incluya un criterio de renta, aunque este pueda modularse en función de la composición del hogar.

- Mantener de forma permanente la prohibición de cortes de suministro a las personas consumidoras vulnerables y vulnerables severas.