El Estado no pudo cerrar Telegram

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó el bloqueo de la plataforma de mensajería Telegram el viernes por la noche por permitir el uso no autorizado de fútbol, películas y series bajo derechos de autor. La drástica decisión se tomó tras la denuncia de los tres principales grupos de comunicación del país, Atresmedia, Mediaset y Movistar Plus, y la negativa de Telegram a facilitar la identificación de los responsables de la difusión de esos contenidos.

Los operadores de telecomunicaciones - Telefónica y los demás - tenían tres horas de plazo para deshabilitar la App, algo que no llegó a producirse . Durante el fin semana se ha montado la mundial en redes sociales y medios no pertenecientes a esos grupos. Una reacción potente y multitudinaria de la opinión pública que ha obligado a recapacitar al juez, que este lunes revocaba su orden, reconociendo que fue "excesiva y no proporcional".

El Estado español, en este caso a través de un juez que estaba cabreado porque no le hacían ni puñetero caso y presionado por el lobby audiovisual al completo, ha tratado de cerrar con nocturnidad y alevosía una plataforma que usan ocho millones de españoles y empresas para comunicarse e informarse. España ha estado a medio pelo de integrar el selecto grupo de siniestros liberticidas países que tienen bloqueada la plataforma, un eje del mal contra la privacidad y la libertad de expresión integrado por China, Rusia, Irán, Pakistan, Omán y Corea del Norte.

¿Qué ha motivado u obligado al juez a recoger cable de esta manera tan sorprendente?

Se dice que rectificar es de sabios, pero no tengo claro si en este caso se puede hablar de sabiduría o más bien de incapacidad. Desde el mismo viernes por la noche, las redes eran un hervidero de gente protestando y de youtubers explicando a todos como burlar el cierre y seguir utilizando la aplicación si está era bloqueada. Telegram es una plataforma enfocada a la privacidad: no colabora en la identificación de usuarios y permite cambiar de servidor en todo momento. Sortear la decisión de Pedraz es tan fácil como cambiar el proxy en el navegador ( copiar y pegar en medio segundo en la barra de búsqueda uno cualquiera de los cientos de combinaciones de letras y números que están disponibles). De esta manera, pasamos a usar Telegram conectándonos a cualquiera de los países donde no está bloqueado. Y contra eso, ni todos los jueces del país, ni los ingenieros de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, ni el Gobierno en pleno, ni el Jefe de Estado mayor de la Defensa, ni Indra ni el sursum corda pueden hacer absolutamente nada. Por supuesto, todo aquel que tenga una VPN contratada en casa - cuesta al mes menos que un café- puede sortear cualquiera de estas caprichosas prohibiciones, además de navegar con total privacidad.

La tecnología está desnudando al Estado

Parece claro que el juez, ante la contundente reacción de la opinión pública y la ineficacia técnica de sus decisiones, decide rectificar. Otra cosa hubiera sido convertirse en el promotor de la mayor compra masiva de VPN en la historia de nuestro país. Una victoria de la libertad por la vía de los hechos y de la protesta espontánea. Un gran nuevo precedente de las limitaciones de los estados modernos ante el mundo que viene, ese que ya está aquí de hecho. No hay más que mirar cuál es la capacidad del Estado para protegernos ante fenómenos como la ciberdelincuencia organizada o para defenderse él mismo ante la evasión fiscal: prácticamente ninguna. No conozco a ningún ciudadano o empresa que haya recuperado gracias al Estado lo sustraído en ningún ataque hacker. Tampoco pueden evitar ni siquiera prevenir los ataques a particulares. Bastante tienen con intentar defenderse -con poco éxito la mayoría de las veces- de los ataques a sus propios organismos y ministerios.

La tecnología está desnudando al Estado, mermando gravemente las funciones que supuestamente le legitiman y le han encomendado. Se puede entender también en esta clave la obsesión por tener listas en tiempo récord las CBDC, las monedas digitales de cada estado, ante la irrupción de Bitcoin y su cada vez mayor adopción como reserva de valor y también, aunque en menor medida, medio de pago - ¿Se han preguntado por qué les ha entrado tanta prisa desde hace apenas tres o cuatro años? Perder el monopolio -si quiera parcialmente de inicio- de la creación de moneda sería quizá un golpe definitivo.

Los transportistas canadienses lo sufrieron

Me estoy acordando de aquellos valientes transportistas canadienses que en febrero de 2022 pusieron pie en pared y bloquearon buena parte de las carreteras y la logística del país durante semanas. Al gobierno solo se le ocurrió la bastarda idea de congelar las cuentas bancarias personales de los camioneros y las donaciones que estos recibían para comer y continuar la lucha.

La mayoría fueron bloqueadas, especialmente las realizadas en dólares canadienses y en criptomonedas procedentes de exchanges o asociaciones controlables por el gobierno. Sin embargo, consiguieron recaudar y utilizar hasta 22 bitcoins (cerca de un millón de dólares al cambio en la época) a través de Tallycoin, una plataforma de Crowfunding que funciona a través de la red de esta criptomoneda, que no es confiscable si la guardas fuera de un exchange, en billeteras frías. Sin duda, aquello fue un aviso a navegantes sobre cómo burlar los impulsos liberticidas de un estado. En enero de este año, un juez canadiense, sentenció que "no había emergencia nacional que justificara tomar esas medidas, por lo que la voluntad de hacerlo fue irrazonable". En el futuro se podrá organizar mejor la resistencia y de manera más amplia y mejor organizada la recaudación, usando Bitcoin, cada vez más reconocido y utilizado fuera de Exchanges.

Lo que parece claro es que la capacidad estatal para bloquear el dinero y la libertad de la gente está amenazada y en declive evidente en todo el planeta.