La propuesta del todavía presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, de implantar un modelo de soberanía fiscal para Cataluña, por el que esa comunidad autónoma recaude y gestione la totalidad de los impuestos generados en ese territorio, daría la puntilla al sistema autonómico al romper con el modelo fiscal que marca la Constitución. Supondría además un golpe a los principios de igualdad entre los españoles, a la capacidad económica y a la justicia fiscal. También generaría una discriminación entre comunidades autónomas de primera y de segunda, aunque introduzca la novedad de un fondo de solidaridad del que no se han especificado los criterios que determinarían su cuantía. En realidad, ese fondo parece más un intento de camuflar el privilegio que otra cosa.
