Aunque gracias a la negociación previa con el Gobierno, el Informe sobre el Estado de Derecho no incide en la cuestión de la Ley de Amnistía, la Comisión Europea no ha aparcado esta cuestión y está estudiando la posibilidad de abrir un procedimiento de infracción contra España, una vez que ha entrado en vigor la ley. Esto sentaría un lamentable precedente para nuestro país. Otra de las cuestiones que plantea el Informe es la necesidad de acabar con la politización de la Fiscalía General del Estado, un organismo que necesita con urgencia una rehabilitación que pasa por su autonomía e independencia, después de que se ha convertido en una terminal más del poder de Pedro Sánchez. El Informe observa que esta advertencia ya se hizo anteriormente y no se han producido cambios significativos.
Otro asunto que preocupa a Europa es el de las puertas giratorias entre el poder Ejecutivo y el Judicial. Casos recientes como el del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, o el de Laura Díez, que pasaron del Ejecutivo al Constitucional, no encajan en las buenas prácticas democráticas.
