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Uno de los problemas a los que de manera sistemática hacen referencia las encuestas ciudadanas, es el de la corrupción y el descrédito de las instituciones y sus representantes políticos. Según los últimos estudios, España se encuentra al mismo nivel en esta cuestión de países como Botswana o Cabo Verde, y eso es preocupante. Por otro lado, se calcula que la corrupción en la economía en la Unión Europea supone un coste anual de 120.000 millones de euros.
Es conveniente el desarrollo de un plan de prevención del fraude, de la corrupción y de los conflictos de intereses con la implantación de un Comité de Expertos y la exigencia de planes de prevención a empresas contratistas. Todo ello en línea con lo estipulado en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de personas que informen sobre supuestas infracciones.
A nivel municipal, ello estaría más relacionado con los protocolos, criterios e instrucciones que fijen los órganos de contratación, y así exigir la implantación de nuevos canales de denuncia interna que garanticen la protección de los que alerten de las irregularidades y su anonimato.
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