Entra en vigor el registro de viajeros, la normativa que genera críticas por su impacto en la privacidad y en el sector turístico

Acaba de entrar en vigor una nueva normativa en España que exige a hoteles, plataformas de alquiler vacacional, empresas de alquiler de coches y agencias de viaje recopilar hasta 42 datos personales de cada cliente. Esta medida, establecida por el Real Decreto 933/2021, tiene como objetivo reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la eficacia en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Sin embargo, ha generado controversia en el sector turístico y entre los defensores de la privacidad.

Detalles de la normativa

El Real Decreto 933/2021 amplía significativamente la cantidad de información que los establecimientos de hospedaje deben recopilar de sus clientes. Anteriormente, se requerían 14 datos básicos, como nombre, apellidos y número de documento de identidad. Con la nueva normativa, la lista se amplía a 42 datos, incluyendo, entre otros aspectos:

- Datos personales adicionales: número de teléfono móvil, correo electrónico, lugar de residencia habitual y relación de parentesco entre los viajeros en caso de menores de edad.

- Información financiera: detalles del método de pago, como tipo de tarjeta, número, fecha de caducidad y titularidad.

- Datos del alojamiento: dirección completa del inmueble, número de habitaciones y disponibilidad de conexión a internet.

Esta información debe ser registrada y comunicada a las autoridades en un plazo máximo de 24 horas desde la llegada del huésped, utilizando la plataforma SES.HOSPEDAJES del Ministerio del Interior.

Objetivos y justificación

El Ministerio del Interior justifica esta medida como una herramienta esencial para reforzar la seguridad nacional. Según el Boletín Oficial del Estado, la normativa busca facilitar la prevención y protección ante actividades terroristas y del crimen organizado, permitiendo una trazabilidad más efectiva de las personas que utilizan servicios de hospedaje y alquiler de vehículos.

Reacciones del sector turístico

La implementación de esta normativa ha generado una fuerte oposición por parte del sector turístico. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que representa a 15.000 hoteles, ha anunciado su intención de recurrir el decreto ante los tribunales. Argumentan que la norma es desproporcionada y que su aprobación mediante real decreto vulnera derechos fundamentales, como la privacidad, que deberían ser regulados por una ley orgánica.

Por su parte, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) también ha expresado su desacuerdo, señalando que la nueva obligación de comunicar más de 40 datos por reserva supone una carga adicional de trabajo y podría afectar negativamente la competitividad del sector.

Preocupaciones sobre la privacidad

Expertos en protección de datos han manifestado inquietudes respecto a la cantidad de información que se recopilará y su posible uso indebido. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha advertido que la interconexión de estas bases de datos debe estar debidamente legitimada y limitada a investigaciones específicas, para evitar vulneraciones de la privacidad de los ciudadanos.

Implicaciones para los viajeros

Para los viajeros, tanto nacionales como internacionales, esta normativa implica proporcionar una cantidad significativa de información personal al momento de registrarse en un alojamiento o alquilar un vehículo. Esto ha generado preocupación entre turistas, especialmente británicos, quienes han calificado la medida como una forma de "vigilancia al estilo Gran Hermano" y han amenazado con boicotear sus vacaciones en España.

Sanciones por incumplimiento

El decreto establece sanciones para los establecimientos que no cumplan con las nuevas obligaciones. Las infracciones graves, como la falta de registro o la omisión en la transmisión de datos, pueden conllevar multas de entre 601 y 30.000 euros. Las infracciones leves, como errores en la cumplimentación de los registros o la transmisión tardía de la información, están sujetas a sanciones que oscilan entre 100 y 600 euros.

Equilibrio entre seguridad y derechos: el reto de la nueva normativa

La entrada en vigor del Real Decreto 933/2021 representa un esfuerzo por parte del Gobierno español para reforzar la seguridad nacional mediante un control más exhaustivo de los viajeros. Sin embargo, la medida ha suscitado controversia debido a las implicaciones para la privacidad de los ciudadanos y las cargas adicionales que impone al sector turístico. A medida que se implementa la normativa, será crucial encontrar un equilibrio entre la seguridad y la protección de los derechos fundamentales, así como garantizar que las empresas puedan adaptarse sin comprometer su competitividad.