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Stephen M. Walt, "Los orígenes de las alianzas”: el caso atípico del Paraguay

Importante reculada en los esfuerzos de Washington en el combate al crimen organizado en Paraguay y en América Latina
Peter Tase
jueves, 12 de diciembre de 2024, 10:28 h (CET)

Stephen M. Walt en su libro "Los orígenes de las alianzas” ofrece a la comunidad internacional una forma diferente de pensar sobre nuestra seguridad y, por tanto, sobre nuestra diplomacia.


En este libro, Stephen M. Walt hace una contribución significativa a este tema tan crucial, examinando teorías sobre los orígenes de las alianzas internacionales e identificando las causas más importantes de la cooperación en materia de seguridad entre estados. Además, propone un cambio fundamental en las concepciones actuales de los sistemas de alianzas. Contrariamente a las teorías tradicionales del equilibrio de poder, Walt muestra que los estados forman alianzas no simplemente para equilibrar el poder sino también para equilibrar las amenazas.


El 7 de diciembre del 2024, una publicación del Washington Post dio luz a la inédita decisión tomada por La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de interrumpir la cooperación con Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico. La SENAD comunicó esta decisión en los primeros días de diciembre, a la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE.UU., lo cual significaría una importante reculada en los esfuerzos de Washington en el combate al crimen organizado en Paraguay y en América Latina.


Esta decisión viene en el preciso momento cuando el actual Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Rubén Darío Ramírez Lezcano está postulándose frente a prestigiosas universidades como Universidad de Georgetown y en la Organización the Dialogue, como candidato para Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Con esta postura del poder ejecutivo del Paraguay, hacia el combate del narcotráfico, conseguir el plácet de la mayoría de los estados miembros de la OEA, le producirá una tarea imposible, hasta ridiculizar la imagen tétrica de su gobierno. Inclusive esta dramática situación le puede deteriorar aún más el estado de salud al Canciller Ramírez Lezcano, tratando de defender lo indefensible en la arena internacional, la lucha contra el crimen organizado de su gobierno y la pésima cooperación en este asunto. Además, el Paraguay mantiene en anhelado galardón en producir más de nueve por ciento de la producción global de marijuana y es uno de los tres países clave en América Latina que favorece altos niveles de operaciones financieras que benefician el lavado de dinero hecho por grupos terroristas islámicos en el medio oriente, con vínculos locales.


La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) comunicó a la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE.UU. que interrumpirá la cooperación en materia de combate al narcotráfico, y entra en vigor a partir del 2025.


Esta noticia, es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y Paraguay; pone en peligro varias investigaciones de alto nivel, como la búsqueda de Sebastián Marset dentro de A Ultranza Py, una de las mayores acciones contra el crimen organizado iniciados en Asunción.


Paraguay se convirtió en un importante centro de envíos de cocaína desde Bolivia a Europa, e incluso, políticos paraguayos estuvieron implicados, como el senador cartista Erico Galeano, acusado de tener vínculos con el operativo A Ultranza Py, que involucra a Marset como cabecilla.

El equipo conjunto de investigadores estadounidenses y paraguayos fue la fuerza impulsora detrás de la gran mayoría de las incautaciones de drogas récord de Paraguay y de investigaciones de alto perfil.


El libro de Stephen M. Walt comienza esbozando cinco afirmaciones generales sobre las causas de las alianzas. Basándose en la historia diplomática y un estudio detallado de la formación de alianzas en el Medio Oriente entre 1955 y 1979, demuestra que es más probable que los estados se unan contra amenazas que aliarse con potencias amenazantes. El caso actual del Paraguay con el Gobierno de Estados Unidos es una digna ilustración de la antítesis que plantea el Dr. Walt, por este motivo el Presidente Paraguayo Santiago Peña deberá estudiar detenidamente la teoría tan perennal expuesta en el libro "Los orígenes de las alianzas”. El único gobernante regional que beneficiaria de la ruptura entre Asunción y Washington es el dictador Venezolano Nicolás Maduro Moros.

Con estas medidas, Santiago Peña está poniendo en peligro a la seguridad nacional del Paraguay y el orden público dentro del MERCOSUR.


En este contexto, el rol de la Policía Nacional es fundamental, aclarar sus funciones es primordial dentro del marco constitucional. Simultáneamente, a las funciones y el pésimo respaldo legal de la SENAD hay que poner en vista.


CONSTITUCIÓN NACIONAL, CAPITULO V DE LA FUERZA PUBLICA


ARTICULO 172 - DE LA COMPOSICION, reza: “La Fuerza Pública está integrada, en forma exclusiva, por las fuerzas militares y policiales.”


Desde el punto de vista legal, la Constitución Nacional crea la Policía Nacional y se vincula con el ejecutivo a través del Ministerio del Interior cuya responsabilidad es el monopolio de la seguridad interna del país y es el órgano natural como la institución encargada para la seguridad de la República.


ARTICULO 175 - DE LA POLICIA NACIONAL (CN.)


La Policía Nacional es una institución profesional, no deliberante, obediente, organizada con carácter permanente y en dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la Nación.


Dentro del marco de esta Constitución y de las leyes, tiene la misión de preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente y, bajo dirección judicial, investigar los delitos. La ley reglamentará su organización y sus atribuciones.

El mando de la Policía Nacional será ejercido por un oficial superior de su cuadro permanente. Los policías en servicio activo no podrán afiliarse a partido o a movimiento político alguno, ni realizar ningún tipo de actividad política.


La creación de cuerpos de policía independientes podrá ser establecida por ley, la cual fijará sus atribuciones y respectivas competencias, en el ámbito municipal y en el de los otros poderes del Estado.


La creación de la SENAD se produjo con el tiempo a través de una Ley Nacional, pero en sus inicios fue una Dirección Nacional creada por Decreto Ley, como institución de seguridad o de investigación no goza de ese respaldo constitucional, es un apéndice que ni siquiera los miembros de la misma están habilitados jurídicamente para utilizar armas, reitero que desde el ámbito constitucional no representa a ninguna fuerza pública que son privativos con exclusividad por Fuerzas militares y la Policía Nacional, cuyo fin automáticamente se desnaturalizan y la operatividad tanto en la regularización como ente de seguridad carece de fundamento y cualquier acción legal para argumentar un procedimiento o respaldar en los distintos procedimientos es cuestionable, tampoco cuenta con la solvencia jurídica suficiente, existen casos emblemáticos que nunca se resolvieron (Caso de asesinato del Gral. Rosas Rodríguez), la vigencia plena y jurídica de Policía Nacional es suficiente por su naturaleza jurídica y su origen constitucional debe absorber a la SENAD en su seno o crear un departamento técnico que ya existe Departamento Antinarcótico. La Policía Nacional del Paraguay, es una fuerza formidable que maneja todo el territorio nacional – es la única institución del estado Paraguayo con presencia de inteligencia humana en todo el territorio nacional [Sin Excepción] - desde los más recónditos del territorio nacional y también en cuanto a capacidades existen componentes de alto nivel de profesionalismo técnico científico, en cambio el concepto de SENAD debe extinguirse y así como la Patrulla Caminera y también Migraciones, todos ellos deben ser parte de la Policía Nacional. Ahora es el momento para el Departamento de Justicia de EE. UU., DEA, en expresar profusamente sus intenciones de estrechar la cooperación en inteligencia y lucha contra el narcotráfico, con la Policía Nacional del Paraguay; a pesar de las turbulencias provenientes desde el Palacio de López.


La fuerza coercitiva del estado recae naturalmente en las fuerzas públicas y son las únicas que están autorizadas debidamente en emplear las fuerzas para el ordenamiento jurídico y sostenimiento del estado social de derecho en el marco de la democracia representativa, participativa y pluralista donde el estado paraguayo se encuentra suscripta.


No se puede desnaturalizar creando otras instituciones afines con la justificación de que la Institución policial sea corrupta y poco fiable sin embargo es cuestión de invertir en la capacidad operativa, tecnológica y jurídica realizar una fuerte inversión legislativa eficiente para corregir los modelos de desempeño cumpliendo el rol con preponderancia y eficaz, también necesario establecer un control estricto basado en la trazabilidad de gestión y responsabilidades en los diferentes cargos y por prelación con el estado mismo. El Gobierno de Estados Unidos debe crear, entrenar, equipar y estrictamente monitorear, un equipo de alta operabilidad dentro de la Policía Nacional en Asunción; en caso de encontrar obstáculos hacia este objetivo, por el Poder Ejecutivo en Asunción, aplicar urgente medidas coercidas y sanciones severas hacia las autoridades del turno; teniendo en cuenta que dichas medidas infaustas en contra del Departamento de Justicia afectan la seguridad nacional de los Estados Unidos de América.


Hasta cinco días atrás, irónicamente, el único respaldo que garantiza operacionalmente a la SENAD ha sido la DEA que igualmente puede operar con la PN, y esperemos fervientemente que ocurra y siga cooperando con Paraguay y su Policía Nacional (PN).


La PN, necesita de una inversión jurídica legislativa para sanear y trasparentar los mandos políticos inescrupulosos quienes tienen dominio absoluto a la Institución policial; esto se puede hacer solo con la presión y estricto monitoreo desde Asunción, por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. 

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