La pena de muerte no tiene cabida en el siglo XXI, insiste la ONU

Una manifestación en Italia contra la pena de muerte, un tema sostenido durante años por la organizacióin humanitaria Amnistía Internacional. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, criticó nuevamente la persistencia de la pena capital en países como Irán, Arabia Saudí, China y Estados Unidos, y abogó por una moratoria en las ejecuciones y por la abolición total de ese castigo. Imagen: AI

GINEBRA – La pena capital no debería existir ya en el siglo XXI, y los Estados que la aplican deberían establecer una moratoria y avanzar hacia la abolición, según ha planteado de nuevo el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk.

“Si bien varios países sostienen que esto es parte de su soberanía nacional, desde mi perspectiva es incompatible con la dignidad humana y el derecho a la vida”, dijo Türk ante los 47 Estados miembros que integran el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en esta ciudad suiza de Ginebra.

Durante un debate sobre la contribución de los poderes judiciales al avance de los derechos humanos en esta cuestión, Türk dijo que “la pena de muerte no tiene cabida en el siglo XXI, pero las ejecuciones aumentaron 31 % en 2023, lo que supone un récord en ocho años”.

“Los sistemas de justicia son falibles. Cuando continúan las ejecuciones, también lo hacen las muertes por negligencia. Mi oficina insta a todos los Estados a establecer una moratoria y avanzar hacia la abolición”, expuso el alto comisionado.

Los últimos datos de Acnudh indican que en 2023 se produjeron 1153 ejecuciones en 16 países, un aumento del 31% respecto a 2022 y la cifra más alta de los últimos ocho años tras un aumento de 53% en las ejecuciones entre 2021 y 2022.

Türk dijo que “entre los países con mayores ejecuciones en los últimos años” se incluyen Irán, Arabia Saudí, Somalia y Estados Unidos, y precisó que las cifras no tienen en cuenta a China, “donde hay una falta de información transparente y estadísticas sobre la pena de muerte”.

“Hago un llamamiento a las autoridades chinas para que cambien esta política y se sumen a la tendencia hacia la abolición”, añadió.

Un informe de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) dio cuenta de que en 2024, hasta el 19 de diciembre, fueron ejecutadas 25 personas, un tercio más que el año anterior.

Pero las mayores cifras conocida correspondieron a Irán, que aplicó la pena capital a 853 personas en 2023 (576 en 2022), seguido de Arabia Saudí, que ejecutó a 172 personas en 2023 y al menos a 198 en 2024.

Acnudh reportó que más de 40 % de estas ejecuciones fueron por delitos relacionados con drogas, sobre todo en Irán.

En lo que respecta a la pena de muerte “los delitos relacionados con las drogas no cumplen los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, que se refiere únicamente a los delitos más graves, que implican homicidio intencional”, recordó Türk.

“Los criminólogos y expertos han demostrado sin lugar a dudas que la aplicación de la pena de muerte conlleva la ejecución de personas inocentes”, aseveró.

Türk insistió en que “la pena de muerte ayuda poco a las víctimas y no tiene ningún efecto disuasorio sobre el delito. Además, incluso los mejores procedimientos legales conllevan el riesgo de un error judicial”.

A pesar del aumento global de las ejecuciones, hay avances positivos impulsados por el Sur global, porque un número cada vez mayor de países están aboliendo la práctica de la pena capital, según se registró en el debate en Ginebra.

En la actualidad, 113 países han abolido por completo la pena de muerte, entre ellos Zimbabue (donde el presidente Emmerson Mnangagwa aprobó una ley que puso fin a las ejecuciones a fines de 2024) y otros 26 países de África.

La clave para la abolición son la reforma judicial y la discreción para conmutar las ejecuciones por penas más leves, insistió el alto comisionado. Al respecto mencionó que Malasia y Malawi han aplicado reformas traducidas en un menor número de condenas a muerte.

En el Consejo destacó la intervención de la fiscal general de Zimbabue, Virginia Mabiza, quien explicó que la pena de muerte fue introducida por los gobernantes coloniales en el siglo XVIII y perduró más allá de la independencia del país en 1980.

Dijo que más de 56 % de la población quería que la pena de muerte permaneciera en los códigos cuando se les preguntó en 1999, y 1005 delincuentes condenados fueron ejecutados entre 1980 y 2005.

“Desde entonces, no se han llevado a cabo otras ejecuciones en Zimbabue, y esto puede atribuirse a decisiones políticas unidas a la discreción judicial contra la pena capital”, dijo Mabiza.

Explicó que anteriormente había una amplia gama de delitos que se castigaban con la pena de muerte, entre ellos la conspiración y el intento de robo, pero desde 2013 solo una condena por asesinato podía dar lugar a la muerte para el delincuente.

Türk también expresó su preocupación por la dimensión de género de la pena de muerte, pues “existe amplia evidencia de que los Estados no toman plenamente en cuenta las circunstancias atenuantes relacionadas con el género cuando condenan a muerte a mujeres, incluidos los antecedentes de trauma y violencia de género”.

Según Acnudh, el uso de la pena de muerte es a menudo discriminatorio, con un impacto desproporcionado en las minorías raciales, étnicas, lingüísticas y religiosas, así como en la comunidad Lgbti+.

El 17 de diciembre de 2024, con 130 votos a favor, 32 en contra y 22 abstenciones, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución, presentada por Argentina e Italia, en favor de una moratoria general para la pena capital en todo el mundo.

A-E/HM - Fuente: IPS