Todos pagamos la corrupción

En España, la corrupción no es una anécdota, ni un error puntual, ni un asunto exclusivo de “unos pocos”. Es un sistema, una maquinaria silenciosa y eficaz que se alimenta del oportunismo, la impunidad y la falta de voluntad real para extirparla. No importa el color del partido, ni el cargo que se ostente, los corruptos y los corruptores se entienden entre ellos, porque hablan el mismo idioma. Y mientras ellos se reparten el poder, los privilegios y las prebendas, los ciudadanos seguimos pagando la factura.

La indignación no puede ser selectiva, no se trata de señalar con el dedo a uno u otro partido, porque cuando la corrupción se convierte en cultura política, en método de funcionamiento, lo que se evidencia no solo es la podredumbre de ciertos individuos, sino la descomposición del sistema en su conjunto. Gobierne quien gobierne, siempre hay un caso más, una red más, una mordida más.

Lo más grave no es ya que existan corruptos, que los hay, y demasiados, sino que nada parece cambiar. Se suceden las comisiones parlamentarias que no llevan a ninguna parte, las investigaciones judiciales que se eternizan, los pactos de silencio entre siglas enfrentadas que, sin embargo, se cubren mutuamente cuando hay que proteger a uno de los suyos. Se cruzan acusaciones en público, pero se sellan acuerdos en privado. Porque el poder, al final, lo quieren todos. Y por eso se cuidan entre ellos. La prioridad no es el país, ni sus ciudadanos, ni sus servicios públicos. La prioridad es mantenerse arriba, aunque para ello haya que pisotear la ética, la legalidad o la dignidad.

Vivimos en una democracia de escaparate, donde los partidos compiten por el voto, pero se parecen demasiado en lo esencial, la lucha por el control institucional, por los recursos, por los beneficios. Mientras tanto, la ciudadanía sufre los recortes, el deterioro de la sanidad, el colapso de la justicia, la precariedad laboral y el descredito de la política. Y lo hace en silencio, resignada, con décadas de engaños y titulares vacíos, al mismo tiempo que pagamos todo lo que se reparten, entre ellos.

Lo que debería preocuparnos, más allá del último caso que salta a los medios, es la ausencia de una regeneración real. Porque no se trata solo de destituir a tal o cual político cuando estalla un escándalo. Se trata de desmontar la red de intereses cruzados, de acabar con el clientelismo, de despolitizar instituciones clave, de proteger a los denunciantes y de aplicar leyes duras y justas sin mirar el carnet del implicado. Y, sobre todo, de construir una ciudadanía vigilante, exigente, crítica. Porque la democracia no se defiende sola, y la limpieza institucional no cae del cielo, se conquista.

Basta de sobrevivir. Es hora de funcionar, y funcionar significa que el poder esté al servicio del pueblo, no al revés. Que no haya espacio para el corrupto, ni para quien lo ampara, ni para el que mira hacia otro lado, que se acaben los aforados. Que la política recupere su sentido más noble, el de cuidar lo común, proteger lo vulnerable, y garantizar un futuro digno. Y para eso hace falta algo más que votar cada cuatro años. Hace falta memoria, conciencia, y una exigencia colectiva que no se rinda ante la costumbre de la trampa.

Porque no, el ciudadano no tiene por qué pagar los excesos de quienes saquean lo que es de todos. No somos nosotros quienes firmamos los contratos inflados, ni quienes nos llevamos comisiones ocultas, ni quienes colocamos a familiares y amigos en puestos pagados con dinero público. Y, sin embargo, somos los que sufrimos sus consecuencias, los impuestos más altos, servicios más pobres, sueldos más bajos. Ya está bien. A los corruptos no hay que protegerlos ni encubrirlos, hay que exigirles responsabilidades. Y no solo políticas, económicas también. Que devuelvan hasta el último euro robado. Llevamos décadas esperando que se devuelvan los millones de la “hucha de las pensiones”, casos que nunca se resolvieron, tampoco devolvieron nada. Porque no es suyo. Es nuestro. De todos los ciudadanos.