El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha
nombrado a Fátima Báñez ministra de Empleo y Seguridad Social, cartera
desde la que encauzará la que el PP considera la primera prioridad de
cara a la salida de la crisis: desarrollar una reforma laboral que acabe
con los cinco millones de parados.
Con la elección de Báñez, primera mujer que asume esta
cartera, Rajoy hace un guiño al PP andaluz, que en 2012 afrontará unas
elecciones autonómicas que se prevén determinantes, al tiempo que premia
la labor de una de las voces más importantes del Grupo Popular en el
Congreso de los Diputados, donde fue portavoz adjunta de la nueva
vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales
por el ICADE, la política onubense es uno de los nombres destacados en
el PP andaluz, donde ocupa el puesto de coordinadora de la presidencia.
Sin embargo, ha sido su labor en el Congreso de los Diputados,
donde durante las tres últimas legislaturas ha participado activamente
en la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del
Estado, la que ha llamado la atención de Rajoy sobre su capacidad.
Estrecha colaboradora de Sáenz de Santamaría, Báñez se integró
a partir de 2008 en el núcleo duro del equipo económico del PP,
coordinado por Cristóbal Montoro, y del que también forman parte nombres
como el de Álvaro Nadal o Elvira Rodríguez.
Báñez será la encargado de escuchar las propuestas de los
agentes sociales en el ámbito laboral y de elaborar un nuevo proyecto de
reforma laboral para remitirlo al Congreso de los Diputados en el
primer trimestre del año, como anunció el lunes el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy.
Fátima Báñez recibirá la respuesta de
empresarios y sindicatos en la primera quincena del año y, a partir de
entonces, se encargará de negociar y redactar la nueva reforma laboral
que, entre otras cosas, racionalizará el calendario laboral trasladando
las fiestas al lunes más cercano, excepto aquellas de mayor arraigo
social.
La prioridades en este ámbito serán reformar la
negociación colectiva, de modo que cada materia se negocie en un ámbito
territorial o sectorial óptimo para asegurar la competitividad e
impulsar la resolución extrajudicial de los conflictos con el fin de
hacer más fluidas las relaciones laborales.
Además, la nueva
ministra tendrá que buscar el acuerdo de patronal y sindicatos para la
puesta en marcha una nueva Mesa de Diálogo Social que elabore un Plan de
Empleo Juvenil con incentivos concretos a la contratación laboral,
bonificaciones del 100% en las cotizaciones a al Seguridad Social para
jóvenes menores de 30 años y una reforma del sistema de formación
profesional.
Para garantizar los derechos de los
trabajadores, el nuevo Gobierno se propone reforzar los mecanismos de
control y prevención, evitando comportamientos abusivos que supongan un
trato discriminatorio contra los trabajadores o un absentismo laboral
injustificado. En este sentido, el nuevo Ejecutivo propondrá un plan
especial a favor de la igualdad de hombres y mujeres en el ámbito
laboral, contra la discriminación salarial entre sexos.
En
cuanto a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, Fátima
Báñez tendrá que abordar medidas como el desarrollo del teletrabajo,
así como planes específicos de reinserción laboral para quienes hayan
tenido un período prolongado de inactividad por atención a la familia.
En materia de pensiones, Báñez tendrá que realizar cambios en el
sistema para suprimir las prejubilaciones salvo circunstancias muy
excepcionales y poner freno a la práctica abusiva de la prestación por
desempleo en los últimos años de la vida laboral, tal y como dijo el
lunes Rajoy.
El nuevo Gobierno no cambiará la edad de
jubilación, actualmente fijada en 67 años, aunque tiene intención de
acercar la edad real de jubilación a la edad legal y quiere incentivar
la prolongación voluntaria de la vida laboral.
De la misma
forma, la nueva titular de la Cartera de Trabajo tendrá que fomentar la
compatibilidad entre el cobro parcial de una pensión y la continuidad en
el mercado laboral y promover que la prestación sea más proporcional a
las cotizaciones efectivamente realizadas a lo largo de la vida laboral.
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