Al término de la reunión del Consejo de Ministros, que ha aprobado
este viernes dicho anteproyecto y su remisión al Consejo de Estado, el
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que se introduce la
deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no
podrá superar el 60% del PIB, al tiempo que todas las administraciones
públicas deberán presentar equilibrio o superávit computado en términos
SEC a partir de 2020, por lo que ninguna podrá incurrir en déficit
estructural desde entonces.
Este objetivo es mucho más estricto que el que pactaron este
verano PP y PSOE, con motivo de la reforma de la Constitución para
controlar el gasto público, y que contemplaba un déficit estructural
máximo del 0,4% del PIB.
Ahora, este déficit estructural del 0,4% sólo podrá
registrarse en caso de que las administraciones estén llevando a cabo
reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo o en
situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, recesión
económica o situación de emergencia extraordinaria.
Para conseguir estos objetivos, el anteproyecto recoge que la
deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente
una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una
tasa de aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos
anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos
puntos del PIB.
En la misma línea, el déficit estructural del conjunto de las
administraciones se deberá reducir un 0,8% del PIB nacional en el
promedio anual hasta llegar al déficit cero en 2020. En 2015 y 2018 se
revisarán las sendas de déficit y deuda.
El Gobierno autoriza distintas operaciones de endeudamiento de CCAA El Gobierno español decidió este viernes prorrogar hasta el 31 de marzo las autorizaciones de endeudamiento correspondientes a 2011 de Andalucía, Región de Murcia, Cantabria, Extremadura, Comunitat Valenciana y Comunidad Foral de Navarra. De igual modo, se autorizan operaciones de endeudamiento de Aragón, Canarias, Cataluña, Castilla y León y Galicia.
El Consejo de Ministros ha aprobado las prórrogas hasta el 31 de marzo de 2012 de las autorizaciones de endeudamiento correspondientes al ejercicio de 2011 que no fueron utilizadas, total o parcialmente, por las Comunidades Autónomas debido a la situación de los mercados financieros. La vigencia de las autorizaciones de endeudamiento es el año natural por lo que la ampliación del plazo hasta el 31 de marzo de 2012 requiere acuerdo de Consejo de Ministros.
Han solicitado prórroga las Comunidades Autónomas de: Andalucía (2.194,4 millones de euros), Región de Murcia (751,0 millones de euros), Cantabria (34,8 millones de euros), Extremadura (165,2 millones de euros), Comunitat Valenciana (1.822.9 millones de euros) y Comunidad Foral de Navarra (422,1 millones de euros).
Igualmente, se autoriza a la Comunidad Autónoma del País Vasco a emitir deuda pública y/o tomar préstamos a largo plazo, hasta un importe máximo de 274,6 millones de euros, para financiar el segundo tramo de déficit de 2011 (0,40 por 100 de su PIB regional), de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 26/2010, de 24 de noviembre, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que determinó los tramos de autorizaciones de la financiación del déficit fijado como objetivo de estabilidad de 2011.
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de Aragón, Canarias, Cataluña, Castilla y León y Galicia por un importe conjunto de 1.975,7 millones de euros.
Así, Aragón (130,8 millones de euros) para financiar la devolución de las cantidades aplazadas de la liquidación negativa del sistema de financiación correspondiente a 2008, la adquisición de activos financieros de 2011 y los vencimientos del segundo semestre de 2011.
Por su parte, Canarias (169,5 millones de euros) para financiar el segundo tramo del déficit fijado como objetivo de estabilidad de 2011. Se le autoriza porque, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, estaría cerca del cumplimiento de su objetivo de estabilidad presupuestaria para 2011.
En su caso Cataluña (510,3 millones de euros) para cubrir las amortizaciones del primer semestre de 2012 y para prorrogar hasta el 31 de marzo de 2012 las autorizaciones correspondientes al ejercicio anterior no utilizadas debido a la situación de los mercados financieros.
Castilla y León (627,7 millones de euros) para financiar la devolución de las cantidades aplazadas de la liquidación negativa del sistema de financiación correspondiente a 2008, el primer tramo del déficit fijado como objetivo de estabilidad de 2011 y los vencimientos del segundo semestre de 2011.
Y, por último, Galicia (537,4 millones de euros) para financiar las amortizaciones del ejercicio 2012, autorización que no supone incremento de la deuda viva.
Todas las operaciones se tramitan por un procedimiento de urgencia con objeto de cumplir con las peticiones formuladas por las Comunidades Autónomas que las han solicitado y que han manifestado la necesidad de disponer de las mismas lo más rápidamente posible para aprovechar la situación de los mercados financieros y obtener los recursos que requieren para hacer frente a sus obligaciones de pago pendientes.
Por tanto, las autorizaciones que se aprueban corresponden a la formalización del endeudamiento contemplado en los programas anuales de endeudamiento del anterior ejercicio 2011 suscritos con las Comunidades Autónomas, y al endeudamiento que se autoriza para la devolución de las cantidades aplazadas de la liquidación negativa del sistema de financiación correspondiente a 2008.
Las autorizaciones que tienen por finalidad financiar total o parcialmente las amortizaciones del ejercicio 2012 no suponen un incremento de la deuda viva de la comunidad autónoma.
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