El proyecto de ley que permitirá la privatización de las televisiones públicas autonómicas inicia hoy su andadura parlamentaria con el debate por el pleno del Congreso de las cinco enmiendas de devolución que se han presentado al texto, por parte de PSOE, Izquierda Plural, UPyD, ERC y BNG.
El proyecto, que se tramitará por vía de urgencia en la Comisión de Industria con competencia legislativa plena, fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril.
A partir de ahora, estos canales tendrán fijado un techo de gasto que no podrán rebasar.
La norma modifica la Ley General de Comunicación Audiovisual, que se aprobó en la anterior etapa de gobierno socialista, para permitir a los Gobiernos regionales con canales públicos si siguen con la gestión de estos o no, y si quieren optar por acuerdos con terceros para la producción, edición o emisión conjunta de contenidos. A partir de ahora, los canales autonómicos que tengan carácter público tendrán fijado un techo de gasto que no podrán rebasar.
El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, aseguró ayer por la tarde en una comparecencia en la Comisión de Industria de la Cámara Baja que el objetivo de la ley es “ayudar a aquellas comunidades cuyas televisión están pasando dificultades, para que puedan elegir la forma de gestión de éstas”.
La ley ha dividido a los Ejecutivos autonómicos. Mientras unos, como el madrileño, han defendido en reiteradas ocasiones la opción de la privatización, otros como el vasco no son partidarios. El director de la televisión autonómica vasca, Alberto Surio, ha dicho que su canal no se cederá a terceros y ve "muy difícil que pudiera darse en otras comunidades, al margen de la externalización de algunos servicios".
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