UPyD se querella contra Bankia y atribuye cinco delitos a sus 35 últimos responsables

martes, 12 de junio de 2012, 07:06 h (CET)

- Un tribunal madrileño deja en manos de la Audiencia Nacional la investigación judicial sobre Bankia

MADRID, 11 (OTR/PRESS)
UPyD ha solicitado a la Audiencia Nacional que proceda a la intervención de Bankia por el "engaño masivo" que la gestión de la entidad y su salida a Bolsa ha supuesto para "cientos de pequeños inversores". En su querella contra la entidad bancaria, el partido magenta denuncia la "capital influencia" del poder político y atribuye cinco delitos a sus 35 últimos responsables. Asimismo, un tribunal de Madrid se ha inhibido este lunes a favor de la Audiencia Nacional para la investigación de la querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra el exgobernador del Banco de España y los expresidentes de Bankia.

La querella de UPyD, que repasa en sus más de cien páginas el proceso de fusión que dio lugar a Bankia hasta su intervención, acusa a la entidad bancaria del "grave quebranto" que habrían provocado a la economía española y su sistema financiero los 35 responsables de la entidad. A todos ellos les atribuye los delitos de "estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, intervención fraudulenta y desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas".

"Solicitamos una intervención judicial cautelar para proteger los derechos de los trabajadores y de los acreedores, y pedimos que cautelarmente haya una intervención judicial para proteger esos derechos que no se pueda destruir pruebas o no colaborar con la justicia", ha señalado tras presentar la querella la líder de UPyD, Rosa Díez, a las puertas del tribunal.

El escrito, en concreto, está dirigido contra los miembros del anterior Consejo de Administración de Bankia y del Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de la entidad, entre los que se encuentran el que era su presidente Rodrigo Rato; el vicepresidente y máximo responsable de Bancaja, José Luis Olivas; o los vocales Ángel Acebes, exministro del Interior; y Arturo Fernández, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

UPyD justifica la intervención judicial de Bankia y el BFA por la "capital influencia" que el "poder político" ha tenido en los últimos años en la entidad "a través de una serie de leyes autonómicas que han aumentado paulatinamente el peso de consejeros generales en detrimentos de los impositores".

"Es precisamente ese control político el que ha llevado a las cajas a la penosa situación en la que se encuentran, a consecuencia de la falta de profesionalidad de sus cuadros directivos y a la toma de decisión, no sobre criterios económicos sino sobre criterios meramente partidistas o políticos", señala Díez, antes de subrayar que la entidad sigue dirigida ahora por "las mismas personas" porque su actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri, fue propuesto por Rato.

Lo que persigue UPyD con esta intervención judicial, según ha explicado su secretario general parlamentario y autor de la querella, Andrés Herzog, es que la cuarta entidad de España deje de estar presidida por el actual Consejo de Administración el cual, según ha dicho, más que intentar "depurar responsabilidades", lo que ha hecho es "salvar la cara" del Consejo de Administración saliente.

"Esto es inadmisible", ha sentenciado. "El Consejo de Administración de Bankia tiene que velar por los intereses de los accionistas, no por los del Consejo de Administración saliente", ha agregado Herzog, que ha insistido en la necesidad de que sea un administrador judicial el que se haga cargo cuanto antes de la misma.

LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGARÁ EL CASO BANKIA
Precisamente este lunes también se ha producido la inhibición del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid a favor de la Audiencia Nacional para la investigación de la querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra el exgobernador del Banco de España y los expresidentes de la entidad Bankia. A todos ellos les acusa por delitos de imprudencia grave en el control de la sociedad, societario, de administración desleal y malversación de caudales públicos.

Según explica el juzgado madrileño en un auto hecho público este lunes y fechado el pasado día ocho de junio, la Audiencia Nacional es competente en este caso ya que en aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial debe investigar "defraudaciones que produzca un grave perjuicio a la economía nacional".

En opinión de la magistrada titular del Juzgado, Mercedes Gutiérrez Suárez, "el importante y conocido quebranto patrimonial" que ha tenido lugar en la entidad "exige al menos la apertura de una investigación por las posibles consecuencias en el sistema financiero y económico nacional".

El auto menciona que la Audiencia Nacional investiga ya otras entidades financieras como las Cajas de Ahorros de Castilla la Mancha y del Mediterráneo. Así la juez decide que "por las posibles consecuencias para la economía nacional y por afectar a una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia" es procedente inhibirse en la investigación.

La denuncia presentada por el sindicato de funcionarios, que todavía no había sido admitida a trámite por la magistrada, acusa al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de imprudencia grave por no controlar debidamente el proceso de fusión de Caja Madrid y Bancaja junto con otras cinco entidades. También acusa a los dos últimos presidentes de Bankia Rodrigo Rato y Miguel Blesa de presuntos delitos societarios y de estafa.

La juez abrió la pasada semana diligencias previas de investigación y pidió un informe al Ministerio Fiscal. Esta petición obligó a la Fiscalía Anticorrupción a abrir una investigación sobre lo sucedido en Bankia.

Hasta ahora, los fiscales encargados de la investigación han solicitado toda la información relacionada con el caso al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la propia entidad financiera y a la auditora Deloitte.

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