| ||||||||||||||||||||||
Sánchez Gordillo anuncia que habrá más acciones en supermercados | |||
Defiende la necesidad de que en España se apruebe un ley de Renta Básica | |||
| |||
► Cándido Méndez cree que asaltar supermercados no es la manera de enfocar los problemas El parlamentario de IULV-CA por Sevilla y líder nacional del CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha asegurado que "la expropiación alimentaria" en dos supermercados en la que participó junto a miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), --donde cargaron carros con alimentos y artículos de primera necesidad para entregarlos a bancos de alimentos de la zona--, fue una acción "necesaria" y que probablemente volverá a repetirse "porque alguien tiene que hacer algo para que haya familias que puedan comer todos los días". Así se ha pronunciado Sánchez Gordillo, en declaraciones a Canal Sur Radio, quien también ha querido responder al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que a través de su Twitter consideraba "una barbaridad" que el diputado asaltara supermercados. El parlamentario de IULV-CA ha dicho que "más deleznable" desde el punto de vista político es el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE sobre la reforma de la Constitución. El también alcalde de Marinaleda (Sevilla), que no cree que haya represalias por parte de IULV-CA, "sino más bien lo contrario", ha insistido en que se trataba de una medida "necesaria" para dar "un toque de atención" a lo que realmente está pasando en Andalucía, "donde el 35 por ciento de las familias de las grandes ciudades está por debajo del umbral de la pobreza, hay un millón doscientos cincuenta mil parados, tres millones de pobres y más de 200.000 familias con todos sus miembros parados y sin cobrar ningún tipo de percepción". En esta línea, Sánchez Gordillo ha dicho que los alimentos que se sustrajeron de los supermercados tienen "muy poco coste" y que se han repartido a bancos de alimentos, unas organizaciones, que, según ha explicado, atraviesan una situación "muy complicada" porque los ayuntamientos y la Cruz Roja ya no puede mandarles alimentos "porque se les han agotado". "El Estado tiene que intervenir para que la gente coma todos los días", ha añadido. Tras defender la necesidad de que en España se apruebe un ley de Renta Básica para que las familias sin recursos cobren "al menos 500 o 600 euros al mes", el líder nacional del CUT-BAI ha considerado que el Estado no tendría que permitir que haya familias que se han quedado sin empleo y vivienda. Además, se ha mostrado convencido de que las familias van a empezar a movilizarse porque "si sus hijos pasan hambre, pueden hacer cualquier cosa". "El polvorín de la desigualdad está encendido y alguien le puede meter mecha, en cualquier momento, por cualquier circunstancia", ha afirmado Sánchez Gordillo, quien ha insistido en que acciones de este tipo, incluyendo ocupaciones de bancos y tierras, seguirán realizándose por parte del SAT, "para llamar la atención sobre que hace falta que la crisis no la paguen siempre los mismos". |
Eliminar el IVA para los primeros 250.000 euros en la compra de la primera vivienda para menores de 40 años, implementar la construcción de 250.000 viviendas nuevas públicas de alquiler con carácter urgente para los próximos 5 años o incentivos fiscales para fomentar que los propietarios de pisos vacíos los saquen en alquiler. Estas son algunas de las medidas que la lanzadera del talento y liderazgo juvenil Lideremos ha hecho llegar al Ministerio de Vivienda.
Los efectos devastadores de la DANA a su paso por zonas inundables han puesto sobre la mesa la necesidad de activar medidas de protección más exigentes en edificios existentes. Una de las propuestas del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España es la elaboración de un informe técnico en la transmisión de una vivienda que recoja que el adquiriente está comprando o alquilando una casa en una zona inundable, para que pueda tomar una decisión consciente.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) es una entidad pública que gestiona la asistencia sanitaria y las prestaciones sociales de los funcionarios civiles del Estado. Creada en 1975, permite a sus afiliados elegir entre recibir atención sanitaria a través del sistema público de salud o mediante aseguradoras privadas concertadas. Ahora, el Gobierno ha propuesto su eliminación, argumentando que el modelo actual es insostenible.
|