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Estado social en España | |||
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Las dramáticas consecuencias de la actual crisis económica están poniendo sobre la mesa un replanteamiento de conceptos de convivencia tan esenciales como los de justicia social, caridad o filantropía, en razón a que ante la tragedia de millones de personas y cientos de miles de familias que se encuentran en el paro abocados a la pobreza y a la marginalidad social, cualquier conciencia mínimamente formada ha de responder al menos en su interior, y también tomando iniciativas de acción para corregir y socorrer a esas personas en su sufrimiento y desesperanza.
Incluso cuando se escucha a algunos participantes de tertulias públicas, y se lee en artículos, algunos argumentos puramente economicistas, se echa en falta la consideración real y profunda del factor humano, que debe de estar por encima de las consideraciones mercantilistas o financieras, dado que suele ser el caso en que la desgracia actual de la mayoría trae su causa en este tipo de mecanismos que cuando se desajustan generan las crisis económicas con sus duros efectos, que vienen siendo cíclicas en el imperfecto mundo del capitalismo puro y duro, al que nos abocan periódicamente con más o menos determinación, pese a la suscripción simultánea e hipócrita de declaraciones formales de derechos humanos, que sirven para justificación pública y acaso para narcotización de alguna conciencia. En el momento actual, no puede ser objetivo prioritario y único de interés nacional el rápido equilibrio financiero –de unas finanzas que se han desajustado en el curso de una década, propiciado por la liberación y falta de mecanismos de control sobre los mercados financieros, propios del sistema que se encuentra entregado a los mismos, y que lleva a mezclar política y economía al punto que los grupos fácticos de poder e influencia radican en el ámbito económico-financiero-. Y no puede ser ese el objetivo prioritario a costa de millones de parados y de una falta de certidumbre en la solución del problema. Ni el BCE, ni el FMI, ni la misma UE tienen legitimidad moral para seguir apuntando soluciones quirúrgicas experimentales a la economía española, pues en el origen de este problema también tienen su cuota de responsabilidad no menor. Además que sus recetas ya sabemos que atienden preferentemente a los beneficios de los grupos financieros, tal es el caso de la insolente recomendación última de que España ha de rebajar los salarios un 20% a sus trabajadores para conseguir una mayor competitividad. Algo que no se cumple, en muchos casos de economías desarrolladas, en que siguen exportando dado que mantienen intacta la competitividad y los sueldos son superiores a los españoles, como el caso de la misma Alemania. ¿Acaso se puede mantener la indeterminación sobre la prórroga de los 400€ a los parados que han agotado el subsidio de desempleo, con casi 6 millones de parados, y determinados a comprometer al Estado en un crédito multimillonario al sector bancario en dificultades?. ¿Preferimos atender las necesidades de unos bancos en situación de insolvencia, o el euro antes que auxiliar a nuestros propios ciudadanos en situación grave de marginación?. ¿Qué sociedad estamos creando?. Para empezar habría que cambiar la definición de Estado como “SOCIAL”, democrático y de Derecho del art. 1 de vigente Constitución. Pues si no, ¿qué significado tiene mantener esa definición cuando las políticas asumidas por el Estado son cada vez más antisociales?. Aunque lo imponga la UE, Alemania, o el mismo Obama. La soberanía nacional reside en el pueblo, y sólo en él. Incluso si unimos la declaración de “Estado Social” del art. 1 con la de “función social de la propiedad” (art. 33), resulta que tenemos los ingredientes clave del “Estado Social” que cualquier política gubernamental ha de atender, como límite de sus políticas que no pueden ser antisociales, pues no se ajustaría a la Constitución. Por ello, ante la decisión de la prórroga de los 400€ a los parados habría de plantearse la naturaleza social de esta medida, aunque realmente no se adapte plenamente a la formulación normativa con la que se promulgó –que podría rectificarse-, pero que en la realidad viene dando respuesta y apoyo económico mínimo de límite a muchos ciudadanos en nuestro país, que sin esa ayuda se verían arrojados a una pobreza y marginalidad extrema, que además de injusto e inmoral, traería consecuencias sociales conflictivas indeseables, desde todos los puntos de vista. Así que para cuadrar las cuentas de la banca, que las arreglen los bancos que puedan recapitalizarse privadamente y volver a ser solventes, y si no que cierren. Pues por suerte, hemos conocido esta misma semana –paradojas de la vida- que en España tenemos un grupo de bancos de lo más saneado de Europa –gracias a Dios, todo no va a ser desgracia-, pues que operen estos solo, y el Estado se abstenga de avalar ante la UE un megapréstamo que lastrará más nuestra situación económica de cara a un reflotamiento del país. Y todo esto además, profundiza cada vez más en un clara contradicción de los apóstoles del neoliberalismo, ya que en medio de tanta receta de recortes al sector público y privatizaciones, se socializan sólo las pérdidas de los bancos, cuando los ciudadanos no somos socios bancarios, ni el Estado es avalista de los mismos. Consiguientemente, esa ayuda de los 400€ a los parados representa un seguro para ellos, también para nuestra sociedad, y sobre todo representa la obligación del Estado social de corresponder con sus ciudadanos ante situaciones socialmente injustas, restableciendo con esta medida acciones de justicia social que suponen el compromiso del Estado de equilibrar de esta forma, los desajustes de los mercados. Demostrándose así que los “Estados Sociales” desarrollan un sistema social de ayudas y protección que deriva en los “Estados del Bienestar”, que suelen tener los mejores niveles de vida de sus ciudadanos, por un reparto más justo y equitativo de la renta. Algo a lo que se opone radicalmente el liberalismo económico, que reencarnado en formas neoliberales postula el derribo del “Estado del Bienestar” so pretexto que no lo podemos pagar, algo que no suele responder a la realidad, pues se confunde la sostenibilidad del mismo –que conlleva, un sistema fiscal justo y progresivo, gravando más las mayores rentas, que desde tales posiciones no se desea, y así realmente no es viable si no se está dispuesto a atenderlo presupuestariamente-; pero que en este momento se trata de mezclar con la mala gestión de un sector público hiperdimensionado que anida infinidad de empleo político, también mezclado innecesariamente con funcionarios profesionales. Incluso en la dialéctica de la controversia actual, se llega a pretender deslegitimar algunas afirmaciones de políticos que apoyan estas medidas, con argumentos que repartan su propio patrimonio. Y eso –además de ser una decisión personal- se plantea como una trampa dialéctica mezclando el concepto de “justicia social” con los de “caridad” o “filantropía”, pues el primero supone una acción de justicia en el reparto equilibrado de la renta en una determinada sociedad, que evita la generación de bolsas de pobreza y marginalidad, y sobre todo la creciente diferencia entre clases sociales –algo cada vez mayor en España, en que la clase media se ve comprometida al perder su empleo a caer en pobreza-. En tanto que “caridad” supone la ayuda personal con su propio patrimonio a los necesitados, por amor de Dios, con un sentido religioso, en cumplimiento de una moral social concorde con la fe. Mientras que “filantropía” supone igualmente una ayuda personal con el propio patrimonio a personas necesitadas, por pura tendencia humanitaria. Ambas, pues son decisiones personales, que no son incompatibles con la aplicación de la justicia social, pero en tanto la caridad o la filantropía no son derechos del necesitado, las ayudas sobre la base de justicia social si suponen un compromiso colectivo, del Estado que genera unas expectativas, cuando no derechos a ser atendido en situación de necesidad. Por todo ello, el Gobierno haría bien en determinar ya la prórroga de dichas ayudas a los parados, sobre la base del compromiso constitucional con la justicia social, derivado del concepto de “Estado Social”. Al tiempo, que debería de revisar sus actuaciones pasadas y futuras, tendentes a la corrección de los reajustes presupuestarios, para que no eludan o incumplan sus deberes sociales, so pena de revisar nuestra actual concepción constitucional de Estado. |
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