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El Tesoro publica la lista de entidades que no se han adherido al Código de Buenas Prácticas | |||
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El Consejo de Ministros aprobó el 11 de mayo el Código de Buenas Prácticas. Su adhesión es voluntaria para las entidades financieras, que dispusieron de un mes para comunicar su adhesión a la Secretaría General del Tesoro. El acuerdo establecía que el Tesoro haría público el listado de entidades que se adhieran, así como los nombres de aquellas que, habiendo canalizado avales públicos, hubieran tomado la decisión de no hacerlo. Así lo ha hecho en una resolución publicada este martes, que recoge el nombre de 100 entidades adheridas y otras 29 que han decidido no adherirse. Entre las entidades que no se han adherido al Código de Buenas Prácticas se encuentran Banca March, ING Bank SE, Sabadell Consumer Finance, Santander Factoring y Confirming ECF, Société Générale SE, Triodos Bank SE, Banca Pueyo, Banco Cetelem, Novo Banco SE, Nuevo Micro Bank, Banco de Depósitos, American Express Europe, Credit Agricole Corporate and Investment Bank SE, Credit Agricole Leasing & Factoring SE, Deutsche Leasing Iberica ECF, Ebury Partners Belgium SE y HSBC Continental Europe SE. Tampoco se han adherido MyTripleA Financiación PFP, PSA Financial Services Spain ECF, Ruralnostra, Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, Unión Financiera Asturiana ECF, AKF Bank SE, BPCE Lease SE, Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, Caja Rural Nuestra Señora de la Esperanza de Onda, Caja Rural San José de Alcora y CNH Industrial Financial Services SE. El resto de entidades que concedieron créditos con aval público a pymes y autónomos por la pandemia sí se han adherido al Código de Buenas Prácticas, como es el caso de los principales bancos españoles (BBVA, Santander, Sabadell y Bankinter) y de las entidades asociadas a CECA (CaixaBank, Kutxabank, Cajasur Banco, Abanca, Unicaja Banco, Ibercaja Banco, Liberbank, Caixa Ontinyent y Colonya Pollença). Las entidades adheridas han asumido los compromisos de extender el plazo de vencimiento de las operaciones con aval público (normalmente del ICO) que cumplan los requisitos establecidos, evaluar la conversión de la deuda avalada en préstamos participativos y valorar la reducción del principal pendiente (quitas de deuda) como último recurso. Este martes el nuevo secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, avanzó que, tras finalizar el plazo de adhesión al Código de Buenas Prácticas, el 98% de la deuda avalada quedaba cubierta por las entidades adheridas. "Esto nos permite tener confianza en que este esquema va a ser útil para facilitar la reestructuración de la deuda avalada en aquellas empresas que lo necesiten por un problema de sobreendeudamiento para facilitar su viabilidad y su reactivación en este entorno de recuperación", enfatizó durante su primera comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Congreso de los Diputados. |
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