Los economistas auditores han puesto en valor su papel en el seguimiento de los diferentes proyectos financiados a través de los fondos de recuperación europeos 'Next Generation EU' para asegurar que cumplen con los fines para los que fueron concedidos.

Así lo han señalado durante la VIII Jornada de Auditoría del Sector Público, organizada por el Comité del Sector Público del Consejo General de Economistas de España, que ha sido inaugurada por la secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero.

Caballero ha puesto en valor el entramado complejo organizado en torno al seguimiento y el control de estos fondos, con el objetivo de garantizar el uso eficaz de los mismos. Todo ello, sobre las base del respeto a la normativa nacional y de la UE, la prevención del fraude y el conflicto de interés y evitando, al mismo tiempo la doble financiación.

Durante la jornada, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, se ha referido a la importancia que cobra en nuestra actual coyuntura económica una eficiente ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con los fondos de recuperación europeos.

Según ha expresado, parte de su éxito dependerá de su correcta ramificación hacia pymes y autónomos que son el grueso del tejido empresarial del país y que son quienes han sufrido en mayor medida los efectos económicos adversos de la pandemia.

Así, según ha recordado Valentín Pich, el Plan de Recuperación incluye un apartado específico de apoyo a pymes y autónomos con una serie de medidas con las que se pretende reforzar el ecosistema empresarial español.

Por ello, según el presidente de los economistas, para rentabilizar dotación de ayudas públicas es "prioritario" asesorar a pymes, microempresas y autónomos solicitantes de ayudas mediante una evaluación estratégica que permita testar si sus proyectos de inversión se alinean con las diez políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Además, el presidente de los economistas ha recordado que las ayudas de fondos europeos tributan a Hacienda --un 25%, en el caso de las sociedades y, si es persona física, al tipo marginal de la tarifa del IRPF--, un factor que "habrá que tener muy en cuenta a la hora de hacer previsiones".

Por su parte, el presidente del REA, Emilio Álvarez, ha hecho hincapié en los beneficios de la colaboración de los auditores privados con los interventores públicos para proporcionar una mayor transparencia de la gestión del dinero público cuyo gasto ha supuesto más del 50% de nuestro PIB en 2021.

Asimismo, Álvarez ha recordado que la UE obliga a comprometer el 70% de la inversión entre 2021 y 2022. Para el presidente de los economistas auditores, "este plazo es muy corto para que el órgano de intervención del estado pueda practicar un exigente control previo".