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El Congreso rechaza la propuesta de Vox para derogar el mercado de derechos de emisión, con abstención del PP | |||
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Se trataba de una enmienda de totalidad que el partido de Santiago Abascal presentó a un proyecto de ley del Gobierno, que tiene por objeto modificar el régimen de comercio de estos derechos y así transponer la directiva europea que adapta ese mercado a los objetivos de descarbonización pactados por la Comisión Europea para 2050. Superado el trámite, el proyecto entrará ahora en la fase de enmiendas al articulado, donde los grupos parlamentarios podrán presentar diferentes modificaciones legislativas al texto. "UN IMPUESTO ENCUBIERTO" El portavoz económico de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha sido el encargado de defender la iniciativa para derogar este mercado, al que ha tachado de "impuesto encubierto". "Cada vez que nuestro sector industrial empieza a funcionar, hay que pagar un impuesto especial al respecto, y este impuesto especial se llama derecho de emisión de CO2", ha espetado desde tribuna. En este sentido, Figaredo ha aseverado en el debate de la propuesta que todo producto relacionado con la industria en España es, en la actualidad, más caro por culpa de los derechos de emisión, que según sus cálculos alcanzaron en 2023 la cuantía de 2.000 millones de euros. "Los billetes de avión serán más caros, cada vez que compremos un coche será más caro, cada vez que participemos en cualquier cuestión que la Administración decida que ha emitido CO2, será más caro. Y, por lo tanto, los principales perjudicados son los españoles", ha argumentado. EL GOBIERNO Y SUS SOCIOS SE DESMARCAN La diputada del PSOE, María de las Nieves Ramírez, ha reprochado a Vox que las consecuencias de su propuesta serían "altamente lesivas" para los intereses de España, pues supondría dejar al país "fuera de la legislación europea" y expondría al Estado a una multa millonaria. "Supone un descalabro para el progreso verde y un arenal de tierras movedizas para la seguridad jurídica de todas nuestras empresas", ha denunciado la socialista en tribuna, desde donde ha recordado que el objetivo de esta transposición pasa por cumplir con los objetivos medioambientales marcados por la Unión Europea. Desde Sumar, Júlia Boada ha defendido que el mercado de créditos de carbono ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que las empresas se ven obligadas a comprar créditos para compensar sus emisiones a un precio regulado por el mercado. Eso sí, ha apuntado que el sistema actual "no es lo es bastante eficiente", por lo que ha instado a aprovechar el proyecto de ley del Gobierno para diseñar un nuevo banco central de carbono que actúe como intermediario entre la oferta y la demanda de estos derechos, así como elevar el precio del carbono y reducir el volumen de créditos a un ritmo más acorde a los objetivos para el 2030 y 2040. "Hace falta más ambición y no quedarnos en la mera transposición de estas directivas", ha remarcado la diputada. Tanto BNG como PNV han avanzado su voto en contra. Desde la formación gallega, Néstor Rego ha tachado a la iniciativa de Vox como "negacionista". Por parte de los nacionalistas vascos, Idoia Sagastizabal, ha defendido que los derechos de emisión han supuesto un "estímulo económico para reducir las emisiones contaminantes". EL PP DECIDE ABSTENERSE El diputado del PP, César Sánchez Pérez, ha aprovechado su turno para cargar contra la "trama de corrupción" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al tiempo que ha criticado el texto del Gobierno por ser "una muestra más de la falta de realismo y pragmatismo del Gobierno socialista", pues dice que no se han analizado los impactos que puede tener el proyecto en la "vida de los españoles". "Este Gobierno ha fallado en hacer compatible la transición ecológica con la competitividad económica y la justicia social. Cada decisión que ha tomado ha tenido dos consecuencias: Más inflación y más presión fiscal", ha subrayado el 'popular' en su intervención. |
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