La situación de los derechos humanos en Venezuela ha sido objeto de preocupación internacional durante los últimos años, sin embargo, ha tomado un nuevo y urgente protagonismo tras la reelección presidencial de Nicolás Maduro, considerada ilegítima por diversos actores nacionales e internacionales.

Resulta por tanto relevante, examinar el estado actual de los derechos humanos en dicho país tras este bullado evento, y en particular analizar que disponen y rezan al respecto, algunos de los principales tratados internacionales a nivel continental, como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

La reelección de Maduro se ha visto marcada por la represión de la oposición política, conculcando el artículo 23 de la Convención y el artículo 25 del Pacto, que garantizan el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos.

Asimismo, se reportaron arrestos arbitrarios de líderes opositores y disolución de partidos políticos, restringiendo la libertad de expresión y asociación (artículos 13 y 16 de la Convención; artículos 19 y 22 del Pacto). Además, la censura de medios de comunicación y el bloqueo de plataformas digitales han impedido la libre difusión de información, crucial para un proceso electoral democrático.

Se alega que el gobierno habría reprimido violentamente las manifestaciones pacíficas, infringiendo así el derecho a la reunión y manifestación pacífica (artículo 15 de la Convención; artículo 21 del Pacto). La policía y otras fuerzas de seguridad han utilizado fuerza excesiva, resultando en detenciones, lesiones y, en algunos casos, muertes de manifestantes. Estas acciones contravienen los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, establecidos en los estándares internacionales de derechos humanos.

Detenidos políticos y manifestantes han reportado condiciones inhumanas en centros de detención, que incluyen desde malos tratos hasta tortura, lo cual infringe lo dispuesto en el artículo 5 de la Convención y el artículo 7 del Pacto, que prohíben la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las condiciones carcelarias deficientes, como la falta de acceso a atención médica adecuada, agravan la situación de los detenidos.

El control gubernamental sobre los medios de comunicación y la censura de internet son violaciones graves a la libertad de expresión y acceso a la información (artículos 13 de la Convención y 19 del Pacto). Estas acciones han silenciado voces críticas y han limitado la capacidad del público para recibir información veraz y oportuna.

Como corolario de lo anterior, la situación de los derechos humanos en Venezuela tras la reelección del presente año 2024, representa una crisis profunda a nivel jurídico, con múltiples acciones y omisiones que conculcarían los de derechos humanos reconocidos internacionalmente.

La comunidad internacional y los organismos internacionales tienen el deber de continuar monitoreando y denunciando los actos contrarios a derechos fundamentales, y apoyar esfuerzos para restaurar la democracia y el Estado de Derecho en el centro del continente.