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MADRID, 5 (OTR/PRESS) Cuando se cumple una semana de la tragedia provocada por la riada que arrasó comarcas enteras de Valencia y algunas zonas de Albacete ya disponemos de elementos para subrayar el trazo más llamativo a la par que penoso entorno a lo ocurrido en orden a la gestión de la crisis provocada por la DANA. Digámoslo pronto: en las dramáticas horas iniciales el Gobierno de España se declaró observador. Semejante actitud que causa estupor se explica porque el objetivo político de Pedro Sánchez ha sido aprovechar la situación para destruir a Carlos Mazón dejando que un rival de otro partido, un dirigente en agraz como es el presidente de la Generalitat, se ahogara políticamente como previsible consecuencia de su incompetencia. Por eso el Gobierno -primer escalón del Estado-dejó sola a la Generalitat y no acudió desde el primer momento en auxilio de las zonas afectadas movilizando a todo el Ejército, no únicamente a la UME. Pudo haber decretado el estado de urgencia previsto en nuestro ordenamiento constitucional o el estado de alarma. Dicho estado de alarma -según ley de 1981- procede su declaración cuando se produzcan "alteraciones graves de la normalidad, calamidades o desgracias públicas, inundaciones, incendios o accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias, etc." Ante este escenario -"Inundaciones, desgracias públicas, calamidades"- la coordinación de la respuesta habría recaído en el Ministerio del Interior. Pudo decretarlo, pero no lo hizo. Estas palabras suyas que le perseguirán mientras viva le delataron: "El Gobierno está listo para ayudar. Si la Comunitat Valenciana necesita más recursos ,que los pida". Mazón se ha visto sobrepasado por la catástrofe y deberá pagar con su dimisión el precio político por su incompetencia, pero la responsabilidad de Pedro Sánchez en su condición de presidente del Gobierno de España es superior y se alarga hasta el plano de lo moral. Sabíamos por su trayectoria que era un político divisivo que defiende y practica un tipo de estrategia cuyo objetivo es destruir al adversario. Es lo que ha pasado en relación con el desastre provocado por la riada y su decisión de no decretar el estado de urgencia o el de alarma ante la evidencia de que las inundaciones torrenciales habían afectado a más de una comunidad autónoma-la Valenciana de manera destacada, pero también en Castilla La Mancha. Por menos de lo aquí expuesto y por una cuestión de decencia política ya tendríamos que estar consignando su dimisión.
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