Estudia las alegaciones recibidas en el trámite de audiencia pública del Proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión de licencias colectivas ampliadas y abrirá una ronda de contactos con el sector
El Ministerio de Cultura buscará el máximo consenso para regular la propiedad intelectual de las obras y prestaciones protegidas ante el desarrollo de modelos de inteligencia artificial (IA) de uso general, para lo que iniciará una ronda de contactos con los sectores implicados como son las empresas tecnológicas y los creadores.
Así lo indican a Europa Press fuentes del departamento que dirige Ernest Urtasun, que trabaja en un nuevo real decreto para la trasposición de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital.
El pasado 19 de noviembre, el Ministerio de Cultura abrió el plazo de audiencia e información pública del proyecto de real decreto por el que se regula la concesión de licencias colectivas ampliadas para la explotación masiva de obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial de uso general' para que los interesados realizaran sus aportaciones al texto.
Tras cerrar dicho periodo el 10 de diciembre, Cultura analizará las propuestas recibidas y recogerá aquellas que considere oportunas, con el objetivo de lograr un texto de "consenso", pues el actual documento "base" se encuentra en una fase "preliminar". El departamento de Urtasun aún no se ha fijado un horizonte para presentar su propuesta ante el Consejo de Ministros.
Cultura entiende la "legítima posición" de quien no quiere que con sus obras se entrene la IA, pero lo ve "inevitable". Por eso, su objetivo es intentar que los creadores de contenidos se beneficien de ello, en lo que considera un asunto "complejo" y "difícil" que contente a todos.
SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA
Según la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, las licencias colectivas con efecto ampliado permiten que las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual concedan, en determinados supuestos, autorizaciones no exclusivas para la explotación de obras y prestaciones en nombre de los titulares de derechos, con independencia de que estos hayan autorizado o no a la entidad a hacerlo, es decir, en ausencia de autorización expresa por parte de todos ellos.
En el proyecto de real decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, Cultura pone de relieve que hay una "gran cantidad" de titulares de derechos de propiedad intelectual "legítimamente preocupados" por el hecho de que sus obras o prestaciones puedan ser utilizadas para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial de uso general, "en aplicación de dicho límite de minería de textos y datos, lo que, en definitiva, les impediría participar en los ingresos económicos obtenidos por los proveedores de sistemas o modelos de inteligencia artificial", por la explotación comercial de sus obras o prestaciones.
Considera "previsible", por otro lado, que "muchos titulares de derechos" decidan ejercer su derecho al 'opt-out' o autoexclusión voluntaria, "tal y como ya lo han hecho algunos grandes titulares de derechos o algunas entidades de gestión en nombre de todos sus socios, lo que, en definitiva, generaría una importante traba para el adecuado desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que, sin embargo, pueden resultar estratégicos" para España.
El proyecto de real decreto desarrolla el artículo 163 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril relativo a la concesión de autorizaciones no exclusivas para el uso del repertorio de las entidades de gestión, con la introducción de las licencias colectivas ampliadas. La inclusión de esta disposición en el ordenamiento jurídico español es voluntaria.
El real decreto consta de siete artículos en los que se regulan las licencias colectivas ampliadas, su finalidad y objeto, así como las condiciones que tienen que cumplir las entidades de gestión colectiva y los usuarios para poder suscribir este tipo de licencias; y una disposición final única, relativa a la entrada en vigor.
En este escenario, el director de la comisión de IA & Big Data de AMETIC, Antonio Cimorra, ha explicado que en la asociación de empresas tecnológicas AMETIC consideran que "la Inteligencia Artificial y, en particular, la IA generativa, representa una oportunidad sin precedentes para impulsar la innovación, el crecimiento económico y la productividad" en España. "Su desarrollo debe ir acompañado de un marco regulatorio inteligente y homogéneo entre países y territorios para evitar la fragmentación y otras dificultades en su desarrollo", ha señalado.
En declaraciones a Europa Press, Cimorra ha añadido que la asociación representante del sector de la industria digital en España no comparte "la necesidad de una legislación específica como el proyecto de real decreto de IA y derechos de Propiedad Intelectual que se está proponiendo". "Consideramos que puede conllevar consecuencias negativas para nuestro país y para nuestra economía. Resaltamos que ya existe un marco legal europeo e implementado en España que regula la relación entre el entrenamiento de la IA y los derechos de autor que establece determinadas excepciones para los derechos de autor que cubren de forma efectiva el entrenamiento de los modelos de IA y asegura la capacidad de los creadores para proteger su propiedad intelectual", ha zanjado.
Por su parte, el director general del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Jorge Corrales, ha indicado a Europa Press que "en el desarrollo de modelos de IA se han llevado a cabo usos masivos de obras sin la necesaria autorización de los titulares, tanto por parte de las grandes plataformas como de otras organizaciones". "Desde que se crearon hace cincuenta años las licencias colectivas ampliadas, su objetivo original no ha sido solo facilitar el uso de obras, sino también asegurar una remuneración justa a los titulares de derechos", ha apuntado.
"Tras más de 15 años luchando en el 'mundo digital' para hacer efectiva una remuneración por determinados usos de los derechos de autor, desde CEDRO también ahora pedimos un marco legal que permita el ejercicio efectivo de los derechos y una remuneración justa, independientemente del modelo, en línea con experiencias de otros países, como Francia, Australia, Noruega", ha comentado el director de la entidad que representa y defiende los intereses de autores y editores de libros, periódicos, revistas y partituras.
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