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MADRID, 22 (OTR/PRESS) Hay que ser objetivos. Nadie puede negar la pasión del Gobierno de Pedro Sánchez y de su ministro Bolaños por la justicia. Empezando por el afecto personal del presidente por el fiscal general del Estado, al que considera "su" fiscal. No puede haber mayor muestra de inclinación y apego. Y el esfuerzo permanente en tratar, como se decía antes, "por tierra, mar y aire", de contrarrestar sus imprudencias y sus escándalos sin cesarle o invitarle a dimitir para no erosionar más la supuesta independencia de la Fiscalía. Pero, lo dicho. Ningún Gobierno en los últimos lustros ha dictado tantas normas para regular el funcionamiento de los tribunales y de los jueces y fiscales. Una Ley del Derecho de Defensa, más positiva que negativa, o el intento de acabar con la acusación popular -al mismo tiempo que el PSOE la ejerce sin reparos contra sus rivales políticos- y con las denuncias basadas en investigaciones periodísticas, que, en otros tiempos, acabaron con condenas al Partido Popular, pero que ahora pueden volverse contra los que mandan, o con la aprobación de indultos familiares y políticos preventivos... En ese mismo sentido, la ley de eficiencia del servicio público de la justicia, que busca que la justicia funcione mejor, se va a aprobar sin los informes preceptivos -lo habitual en las iniciativas por decreto ley de este Gobierno, que abusa con fruición de una figura excepcional- y que aprovecha para colar mediante enmiendas intrusas, es decir, no nucleares con el objetivo real de la ley, la modificación de casi medio centenar de leyes y concesiones a los socios vascos y catalanes. La ley introduce cambios superficiales, con errores materiales y problemas de técnica legislativa y, también, de estupidez lingüística: hasta 150 veces distingue entre "jueces y juezas" y 98 entre "magistrados y magistradas". Pero lo peor no es eso, sino que este proyecto, como casi todos los que se refieren a la justicia, se aprueba sin la dotación presupuestaria indispensable para que pueda ser efectivo. El último proyecto es el de "la ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal". Fantástico. Imprescindible y urgente. ¿A quién le va a parecer mal cuando uno de los problemas de la justicia en España es la falta de jueces y fiscales? Pero hay es donde emerge, otra vez, el ministro Bolaños. Uno de cada cuatro jueces no tendrá que pasar oposición. Entrará por concurso de méritos, sin los niveles de exigencia para los jueces y fiscales y sin pasar por la Escuela Judicial y Fiscal, por el cuarto turno: abogados o juristas con determinados años de experiencia y especial cualificación o tras ser jueces sustitutos. Y con la negativa a ampliar las plazas por el camino ordinario que rechaza este Gobierno. Es una forma de "democratizar" la justicia y acabar con los jueces machistas y franquistas o fachas. A pesar de que, según los datos de la última convocatoria, el 67 por ciento de los aprobados son mujeres, el 34 por ciento tienen padres sin estudios superiores y sólo el 4,89 por ciento tiene magistrados entre sus familiares. Pero, además, en ese anteproyecto de ley se cuelan al menos dos aspectos que vuelven a demostrar el apasionamiento de Sánchez y Bolaños por la justicia. Hay quien dice, malpensados, que "por el control de la justicia". El artículo 342 está redactado para impedir que los magistrados que hoy ocupan la presidencia de las Salas Segunda y Tercera del Supremo de forma provisional por ser los más antiguos en la misma, casualmente del sector "conservador", sigan en sus cargos o aspiren a seguir en ellos. Y, para ello, se da capacidad ejecutiva a la Comisión de Calificación para que en casos como éstos no sea el más antiguo sino el que vote esa Comisión, que no tiene reglamentariamente ni esa competencia ni capacidad ejecutiva, pero que está formada por tres magistrados "progresistas" y dos "conservadores". Y, por si esto no es suficiente, el Gobierno pretende, y tiene los votos para ello mientras no se demuestre lo contrario, que la Comisión de Ética Judicial -actualmente integrada por cinco jueces elegidos por voto secreto y democrático entre toda la carrera judicial- pase a tener nueve miembros, cuatro de ellos elegidos por el Parlamento. Así que no basta con atacar a los jueces y hasta al Tribunal Supremo. Hay que controlar todos los mecanismos de la Justicia que aún no controla. Lo dicho, pasión por la Justicia.
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