Japón veta los fondos al comité de la ONU sobre la discriminación de la mujer por las críticas a la ley sucesoria

El Gobierno de Japón ha anunciado este miércoles al puesta en marcha de medidas contrarias al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al que restringirá la financiación que llega a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por las críticas vertidas contra la ley de sucesión imperial nipona, que excluye a las mujeres.

El ministro de Exteriores japonés, Toshihiro Kitamura, ha indicado durante una rueda de prensa que el Gobierno "garantizará" que las "contribuciones voluntarias que se realizan al Alto Comisionado no sean utilizadas para financiar las actividades de la comisión".

Asimismo, está previsto que Tokio --que ya ha presentado una protesta ante la ONU sobre las críticas del comité-- suspenda hasta finales de este año fiscal un programa cultural que incluye la visita de los miembros de este comité a Japón, según ha recogido la agencia de noticias Kiodo.

El Gobierno japonés ha defendido en varias ocasiones que el sistema de sucesión imperial está profundamente relacionado con la "fundación" del país y que cualquier referencia a la ley que rige la Casa Imperial es "inaceptable" y debe ser excluidas de los informes de comité, que apunta a una clara "discriminación" a la mujer en relación con esta legislación, que establece que la línea de sucesión queda en manos únicamente de los varones de la familia.

El pasado mes de octubre, el comité señaló que dicha normativa, que se remonta a 1947, es "contraria" a la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer adoptada dos años después por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Sin embargo, Japón insiste en que esta cuestión no puede ser analizada y definida por dicha convención dado que la "capacidad de ascender al trono imperial no forma parte de los Derechos Humanos básicos". Según ha explicado Kitamura, Japón ha hecho entrega de unos 20 millones de yenes (unos 123.000 euros) al año en contribuciones a la oficina de Derechos Humanos de la ONU.