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MADRID, 5 (OTR/PRESS) A mí me gustaría que el salario mínimo estuviera en 2.000 euros, que subieran las pensiones, que la jornada laboral se redujera incluso por debajo de las 36 horas, que bajaran los precios, que las Administraciones públicas funcionaran como un reloj y resolvieran con rapidez los problemas de los ciudadanos y que los servicios públicos fueran mejores y más efectivos. Y que eso fuera posible bajando los impuestos para que cualquier ciudadano dispusiera de más dinero para gastar como quisiera. De momento, "nos conformamos" con bajar la jornada laboral, sin acuerdo con los empresarios, a 37,5 horas, lo que no deja de ser una trampa porque la jornada media laboral real en España ya es de 36,4 horas. En las grandes empresas. En el comercio, en la hostelería, en los hogares, en las empresas de los autónomos que tienen uno o varios empleados a su cargo no es así. Y esa reducción de jornada para doce millones de trabajadores -en Europa sólo Francia y Bélgica tienen semanas laborales de menos de 40 horas y algunos países siguen en las 48 horas- va a obligar a los pequeños y medianos empresarios a cubrir esas horas de menos, trabajando ellos más horas. Y a cubrir la elevación del salario mínimo y el aumento de los costes laborales para las empresas, que son uno de los mayores de Europa. Eso que para las grandes o medianas empresas es un problema asumible, para los autónomos y para los pequeños empresarios, que son el 90 por ciento del tejido empresarial español es casi una condena. Mientras Europa busca un plan para elevar la competitividad y reducir la burocracia, que son un freno al desarrollo -y solo con eso, la vieja, la anticuada Europa no va a dar la réplica a las amenazas de Trump-, en España la burocracia y la regulación desmedida es un cáncer, las Administraciones públicas son un freno para la innovación y para la creación de empresas, el sector público se ha llevado casi un 80 por ciento de los Fondos europeos, casi la mitad del empleo creado en los últimos seis años es en el sector público donde la temporalidad sigue disparada, los jóvenes no llegan al primer empleo hasta los 26,5 años, la economía sumergida es "marca España", la pobreza parasita un 25 por ciento de los hogares y nuestro tejido industrial es insuficiente y anticuado por no decir deficiente. A reparar eso deberían dedicarse el Gobierno, haciendo lo que tiene que hacer, y la oposición, proponiendo lo que se debe hacer, si es que lo sabe. Y los sindicatos* bueno mejor me callo. Estamos a la cabeza del paro en Europa: uno de cada cuatro parados europeos es español y la cifra aumenta entre los jóvenes. Somos el país de Europa con mayor número de parados con estudios superiores y tenemos la tasa más alta de trabajadores sobrecualificados en empleos de menor sueldo y calidad. Falta mano de obra, pero tenemos un paro desorbitado y nos oponemos a la llegada de los inmigrantes que hacen el trabajo más duro. En productividad tenemos el peor registro de la OCDE, en caída desde 2018, seguramente por el pequeño tamaño de las empresas, la deficiente competencia, el gran peso de sectores como el turismo y el reducido esfuerzo en I+D+i. También estamos a la cola en eficiencia del Gobierno y de las propias empresas. Y, sin agotar el diagnóstico, el absentismo en España también lidera las estadísticas europeas: entre 1,2 y 1,5 millones de trabajadores no van a su empleo cada día, un 30 por ciento más en el sector público que en el privado. Cuatro de cada diez trabajadores tienen problemas de salud, lo que dispara las bajas y, para muchos, es más rentable estar de baja que trabajando, todo lo cual nos cuesta aproximadamente 13.000 millones al año. ¿Un país, una economía sana y competitiva? ¿Un Gobierno incapaz de aprobar unos Presupuestos gestionando desde el populismo la incertidumbre económica y política? ¿Un Estado del Bienestar sólido? Esto es Alicia en el país de las Maravillas.
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