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MADRID, 9 (OTR/PRESS)Igualdad ha anunciado una revisión de la Ley de Violencia de Género, para introducir nuevos tipos de delitos. De paso, deberían analizar con el concurso de todos los responsables porqué han crecido las violaciones un 6,6 por ciento pese a las políticas en defensa de la mujer. Algo seguimos haciendo mal. La reforma laboral de Yolanda Díaz debe someterse este año a revisión, tal como obligaba la propia ley y, si de verdad la ministra cree en el diálogo social, debería no pactar en solitario con los sindicatos, que es lo fácil al tenerlos domesticados, escuchar la opinión de los empresarios y desmontar algunas falacias, entre ellas ese concepto de los 750.000 "fijos discontinuos" -el 50 por ciento del nuevo empleo "indefinido"- y otras trampas de la ley que distorsionan la realidad de las cifras del desempleo en España. El Gobierno ha cambiado la ley de eficiencia judicial al publicarla en el BOE, lo que abre una puerta a modificar a conveniencia lo aprobado en el Parlamento, una praxis muy peligrosa, más aún teniendo en cuenta que el Gobierno no se atreve a llevar casi ninguna ley al Parlamento porque no tiene ninguna garantía de que sus socios le apoyen. O colar lo que les interesa en leyes que no tienen nada que ver, para que se tenga que aprobar todo en conjunto. Este mismo Gobierno se pasa por el forro la obligación de pedir informes a órganos consultivos como el Consejo de Estado o el del Poder Judicial, mediante la técnica, dudosamente legal, de los decretos ley, un abuso de legalidad. Por no hablar del hecho doloroso de que cerca de trescientas personas con ELA han muerto sin cuidados con una ley en vigor, pero sin desarrollo legal y sin dotación económica, lo que, después de ponerse la medalla, es una manera de engañar a todos. O de las subidas del SMI o de las pensiones, que esconden el pago del IRPF para personas que hasta ahora no tenían que hacerlo o les dejan la subida en "subidita". O de la App de Irene Montero para el reparto de las tareas en el hogar, que costó 200.000 euros y ha tenido que ser desactivada porque no la usaba nadie. O del fiasco de las tarjetas revolving, del Ingreso Mínimo Vital o del Fondo Público de Pensiones, propuesto por el ahora gobernador del Banco de España cuando era ministro. Las políticas públicas deberían ser evaluadas anualmente y corregidas o abandonadas si se demuestra que han sido equivocadas, que la situación ha cambiado o que han tenido efectos perniciosos. Y sus promotores deberían pagar la responsabilidad política que les corresponde. No digo que tengan que hacer frente al daño económico, que en algunos casos tal vez debería tenerse en cuenta, pero sí, al menos, la responsabilidad política de los gestores, algo imprescindible cuando se usa, a veces sin medida, el dinero público. Y lo mismo con la leyes. El primer año de cada Legislatura debería dedicarse a evaluar y revisar las leyes que son innecesarias, que se contradicen con otras o que son perniciosas. Y modificarlas o derogarlas. Por ejemplo, la ley del sólo sí es sí, que tantos efectos perversos ha tenido y sigue teniendo. Reducir la maraña legislativa no sólo mejoraría la seguridad jurídica, sino también la económica. Hay que garantizar que los recursos públicos y las medidas legales benefician realmente a los ciudadanos. Aunque la comparación puede resultar peligrosa con los antecedentes del fútbol, un buen VAR de las políticas públicas y de las leyes aprobadas, realmente técnico e independiente, contribuiría a mejorar la mala salud de la política y a una mayor confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
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