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Más de 242.000 personas estaban en 2024 con solicitud de asilo pendiente en España, un 27% más que en 2023, según CEAR | |||
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Un total de 167.366 personas solicitaron asilo el año pasado, lo que supone un ligero incremento con respecto al año anterior. Además, la organización ha destacado el aumento de la tasa de reconocimiento con respecto año anterior, del 12% al 18,5%. Si bien, ha lamentado que siga siendo inferior a la media europea, que a finales de noviembre era del 40%. CEAR también ha señalado que las resoluciones negativas aumentaron en 2024 hasta alcanzar casi el 43%. "Esto se debe principalmente debido a las denegaciones que reciben la gran mayoría de personas de Colombia año tras año, pese a la situación de amenaza constante que siguen sufriendo en este país", ha explicado la ONG. Respecto al aumento de las resoluciones favorables, estas ha dicho que se explican por el incremento exponencial de la protección subsidiaria, que crece casi un 200% respecto a 2023 especialmente por las personas procedentes de Mali. Sin embargo, la organización considera "preocupante" que las concesiones de estatuto de refugiado decrezcan más de un 13%. En este sentido, ha indicado que las peticiones de asilo fueron un 2,5% superior a las registradas en 2023, muy inferior al aumento del 37% del periodo anterior. A estas hay que sumar las 36.704 solicitudes de protección temporal de personas de Ucrania, lo que eleva la cifra a 231.699 personas ucranianas con este tipo de protección en España desde que comenzó el conflicto bélico, hace tres años. En cuanto a las nacionalidades de los solicitantes de asilo de 2024, los principales proceden de América Latina, región marcada por "la inestabilidad política, los abusos de derechos humanos en el marco de la lucha contra el narcotráfico y la acción de grupos armados no estatales". Las cuatro nacionalidades restantes proceden del norte de África y África occidental, asoladas por conflictos armados prolongados, crisis políticas y los efectos de la crisis climática. Venezuela y Colombia se mantienen como las dos primeras nacionalidades de personas solicitantes de asilo en España, con 66.134 y 40.140 solicitudes respectivamente, que acumulan más del 63% del total de solicitudes. Mientras tanto, Mali desplaza a Perú como tercer país de origen, con un total de 10.673 solicitudes. Completan el listado de las diez principales nacionalidades; Perú, Senegal, Marruecos, Nicaragua, Honduras, Mauritania y Ecuador. SE INCREMENTA UN 700% LAS SOLICITUDES DE PERSONAS DE MALI Mali representa la principal novedad respecto de 2023, con un incremento del 700% en el número de solicitudes presentadas. "El país africano se enfrenta a una crisis humanitaria compleja que se prolonga desde 2012, en la que se combinan factores como la amenaza yihadista que no deja de propagarse a través del país, la inestabilidad política tras el golpe de estado sufrido en 2020, factores de vulnerabilidad estructurales, desafíos socioeconómicos y los efectos de la crisis climática", ha apuntado la ONG. Por otro lado, CEAR ha destacado también en su informe el aumento de solicitantes de asilo de Senegal, por la combinación de factores como la crisis política sufrida en 2023, así como los efectos cada vez más evidentes de la crisis climática. También se han incrementado las peticiones de nacionales de Mauritania, país fronterizo con Mali y Senegal, y bisagra entre el África occidental y la región del Magreb. Por otro lado, han descendido las resoluciones por razones humanitarias, aunque siguen representando el 37% del total de resoluciones en 2024 (33.535), frente al 47% en 2023 (41.487). Venezuela sigue concentrando el 97,8 % de este tipo de resoluciones (32.786). Pese al aumento en el número de solicitudes, CEAR recuerda que miles de personas siguen encontrando "enormes obstáculos" para acceder al procedimiento. "No solo no se habilitan suficientes vías legales y seguras, sino que el año pasado se introdujeron nuevos visados de tránsito aeroportuarios que afectan a nacionales de hasta seis países (Sudán, Chad, Mauritania, Egipto, Senegal y Kenya). Medidas que impedirán a muchas personas necesitadas de protección internacional solicitar asilo en España, sin tener que jugarse la vida en el intento", ha criticado la organización. En este sentido, la entidad reclama al Gobierno "comprometerse a velar por la garantía de derechos en las anunciadas reformas legislativas y en su aplicación". Por ello, la organización ha hecho llegar sus propuestas en la consulta pública que ha realizado el Gobierno para adaptar las normas españolas a la legislación europea. Esto afecta en especial a la Ley de Asilo y su Reglamento, y parcialmente a la Ley Orgánica de Extranjería. Entre las principales preocupaciones que pueden suponer estos cambios normativos, la organización ha alertado sobre las "posibles vulneraciones" en los procedimientos fronterizos, "si no se garantiza un proceso de triaje en el que se mejoren los exámenes iniciales para detectar vulnerabilidades y riesgos en menos de 72 horas, plazo límite establecido en la Constitución española". Por este motivo, ha demandado un incremento de recursos humanos y formación especializada a todo el personal responsable en este proceso (policía, intérpretes y sanitarios). "IMPRESCINDIBLE" EL APOYO DE ORGANIZACIONES En este sentido, ha dicho que es "imprescindible" incluir de manera explícita el apoyo de organizaciones no gubernamentales especializadas con el fin de agilizar el examen preliminar de vulnerabilidad y garantizar los servicios de apoyo especializados. También ha insistido en la necesidad de que haya un mecanismo independiente de monitoreo de derechos humanos en la nueva legislación, que incluya la participación de la sociedad civil. Por otra parte, CEAR ha reclamado que la nueva Ley de Asilo garantice el derecho a la asistencia jurídica gratuita especializada durante todo el procedimiento de asilo Además, ha recordado que la detención debe ser siempre el "último recurso" y ha de motivarse en cada caso "para no generar indefensión a la persona solicitante, así como permitir el acceso a los centros de detención a las familias y a personal de organizaciones sociales". Aunque la consulta pública no lo identifica "ni como problema ni como objetivo", desde CEAR consideran fundamental que las modificaciones normativas también contemplen las vías legales y seguras ya existentes. Para ello, a su juicio, la ley de asilo debe incluir la posibilidad de solicitar protección internacional en embajadas y consulados españoles en terceros países y conservar y ampliar los programas de reasentamiento a nivel nacional. Por último, la organización también ha trasladado sus propuestas para mejorar la actuación coordinada de poderes públicos y la predeterminación de recursos para afrontar crisis migratorias, basado "en un sistema de acogida preparado, dimensionado y con un enfoque estructural y no puntual, entre otras cuestiones". |
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