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MADRID, 13 (OTR/PRESS) Hace poco más de cuatro meses, la ministra de Sanidad estaba en la calle, bajo una pancarta, protestando por lo mal que organizaba la Sanidad la Comunidad de Madrid. Cuatro meses después tiene a las pancartas enfrente del Ministerio y, bajo ellas, a los representantes de los sindicatos de médicos, mayoritarios en España, protestando por cómo quiere organizar la Sanidad la ministra. Son los gajes del oficio de cambiar de trinchera, y tienen la virtud de que permiten observar los problemas con perspectivas de ciento ochenta grados. Entre los motivos de la protesta -aparte de lo mal pagados que están- se encuentra la pretensión de que los MIR, una vez terminados los cuatro o cinco años, estén obligados a permanecer en la Sanidad Pública, y no puedan trabajar en la privada. No hay precedentes. Es algo así como si a los licenciados en Derecho por las universidades públicas se les obligara, una vez dados de alta en el Colegio de Abogados, a ejercer de abogados de oficio durante los primeros tres o cuatro años, y no pudieran ni siquiera ser pasantes en un despacho de Abogacía. Otra propuesta peligrosa es la de impedir que los jefes de Servicio de los hospitales públicos puedan ejercer la medicina privada. Vamos a ver: los jefes de servicio son los mejores de su especialidad en ese hospital. El jefe de servicio de Cardiología es el mejor cardiólogo de los que hay en ese hospital, y así en cualquiera de las especialidades. ¿Quiere la ministra ahuyentar a los mejores, y que se vayan todos a la privada, donde les pagarán mejor? Sabemos que a la ministra no le gusta la sanidad privada, y si fuera por ella la suprimiría de un plumazo, pero si mañana no hubiera en España seguros privados, y cerca de doce millones de asegurados se pasaran de golpe a la Sanidad Pública, el colapso se traduciría en decenas de cadáveres, que dejarían las listas de espera después de tanto esperar. Es cierto, que puede haber algún jefe de servicio, que hurte horas de sus obligaciones en la Pública para atender sus compromisos en la privada, pero eso sería motivo puntual de sanción. Lo otro es querer que los médicos, además del juramento hipocrático, tengan que hacer voto de pobreza. Por eso mismo, el mucho dinero que los contribuyentes españoles aportamos para formar un médico en las universidades públicas, queda sin ningún fruto cuando esos médicos que se marchan a otro país, donde les pagan más, y no tienen un reglamentismo nacido de la obsesión. Y, además, no tienen que salir a la calle de ese país bajo una pancarta.
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