La primera ministra de Tailandia descarta violaciones de los DDHH en la deportación a China a unos 40 uigures

Asegura que la medida no forma parte de un acuerdo comercial con el Gobierno de China

La primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, ha descartado este lunes que su Gobierno haya incurrido en violaciones de los Derechos Humanos en el marco de la deportación la semana pasada de unos 40 ciudadanos de la minoría uigur a China a pesar de las críticas vertidas por varias organizaciones, que insisten en que se trata de un grupo perseguido.

La mandataria, sin embargo, ha asegurado durante una rueda de prensa que Bangkok "ha hecho todo lo correcto" en lo referente a la cuestión humanitaria, al tiempo que ha recalcado que la medida no responde a un acuerdo comercial ni a ningún otro pacto de este tipo con Pekín.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "las personas no son bienes" a intercambiar y ha lamentado las críticas de países como Estados Unidos o la Unión Europea. "Hemos examinado exhaustivamente el caso y lo que se podía hacer dada la situación y la legalidad vigente", ha aseverado antes de manifestar que las personas deportadas "habían entado de forma ilegal en el país y llevaban encarceladas once años".

"Esto puede ser considerado un castigo y, durante este periodo de tiempo, ningún país ha contactado con nosotros para aceptar a estas personas de vuelta", ha puntualizado, en referencia principalmente a China, que posteriormente ofreció al Gobierno tailandés "pruebas" de que todos ellos eran ciudadanos chinos.

"Si hubiéramos podido verificar que eran ciudadanos de otro país los podríamos haber deportado a otra parte. No hemos violado ninguna regulación de Naciones Unidas ni los Derechos Humanos", ha aclarado antes de insistir en que ninguno de los deportados será objeto de cargos ante la Justicia de China después de su traslado, según informaciones del portal de noticias The Nation.

Shinawatra ha afirmado, además, que Bangkok ha recibido "garantías" por parte de las autoridades chinas de que los ciudadanos uigures "no se enfrentarán a actos de persecución o duros interrogatorios a su regreso" y que se les permitirá "reunirse con sus familiares" y "reintegrarse en la sociedad". "Este asunto ha sido abordado por los gobiernos de ambos países durante un tiempo", ha añadido.

"Sin todas estas garantías", ha sostenido, "no habríamos tomado esta medida". Asimismo, ha recordado que las negociaciones comerciales con China avanzan "por otra senda diferenciada" que "nada tiene que ver con este asunto".

La semana pasada, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) criticó en un comunicado las deportaciones y recordó que los individuos afectados habían manifestado de manera expresa su temor a volver a China. Según una de las responsables de esta organización, Ruvendrini Menikdiwela, se trata de "una clara violación del principio de no devolución" y, por tanto, de las obligaciones que Tailandia se ha comprometido a acatar.

Por su parte, la directora de Amnistía Internacional para China, Sarah Brooks, tildó de "terriblemente crueles" estos "traslados forzosos", entre otras cosas porque expone a los uigures a "graves violaciones de los Derechos Humanos" en un país del que huyeron para escapar de la "represión".