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MADRID, 11 (OTR/PRESS) En julio de 2020, el Consejo Europeo autorizó la creación de los fondos Next Generation, la emisión de hasta 750.000 millones de euros de deuda en nombre de la Unión Europea para hacer frente a la pandemia del Covid. De esta cantidad ingente de dinero, los estados recibirían una parte a fondo perdido y otra en prestamos que habría que devolver. Los fondos estaban condicionados a la consecución de una serie de reformas en áreas muy concretas. Se dijo entonces, que el proceso estaría sujeto a una fiscalización transparente. De hecho, todos los países debían crear programas para ese fin. Sin embargo, en febrero de 2023, ante las numerosas quejas de las empresas por los retrasos, la pésima gestión y la falta de transparencia en la concesión de esos fondos millonarios, vino a España una delegación de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, encabezada por su presidenta, Monika Hohlmeier. Ante las numerosas sospechas, querían saber qué estaba pasando con la gestión, la auditoría y el control del dinero. Tras su visita, la alemana se fue de España asegurando que no había conseguido saber dónde estaba el dinero, si se estaba utilizando para los fines planeados. Dos años después de aquella visita y casi 5 años de la creación del fondo, el Tribunal de Cuentas europeo ha puesto el ojo en España y otros cuatro países al considerar que los controles han sido insuficientes y que el reparto del dinero no se ha hecho siguiendo las pautas que en su día se impusieron. Para el organismo europeo, no ha habido una correcta supervisión y el cumplimiento de las licitaciones es insuficiente. El resultado de este informe se veía venir. Las quejas de las empresas han sido continuas sobre el reparto del dinero. El Gobierno incluso retrasó la comunicación de los principales destinatarios de los fondos, y una vez se supo, se constató que el 80 por ciento del dinero asignado había ido a parar a empresas y organismos oficiales. Además, los porcentajes de dinero realmente ejecutados eran ridículos y en su mayoría no tenían nada que ver con los fines para los que habían sido pensados. Ahora, obviamente hay que esperar a los resultados definitivos de la investigación del Tribunal de Cuentas europeo y a las consecuencias que puede tener. Pero, sí es un aviso que debería poner a la Comisión Europea en alerta para no caer en la tentación de hacer algo parecido con el fondo para el rearme europeo.
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