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El PP pide en el Congreso modificar la Ley de Costas para excluir los BIC del dominio público marítimo terrestre | |||
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En concreto, los de Alberto Núñez Feijóo reclaman la que se aplique este mismo procedimiento a los Bienes culturales de interés local, Bienes Inmuebles de Relevancia Local o figuras asimilables establecidas por cada comunidad autónoma en la que se destaquen la identidad cultural de una localidad o de un municipio que se encuentren situados en el dominio público marítimo-terrestre, comprendidos o no dentro de un núcleo urbano con especiales valores etnológicos al que hace referencia la Disposición Adicional Decimotercera. En el texto, solicitan que todos estos BIC se rijan por el régimen de los terrenos incluidos en zona de servidumbre de protección, previa comunicación al ministerio que tenga la competencia atribuida en costas y tras el reconocimiento e inclusión en el Catálogo de Patrimonio Cultural de la comunidad autónoma correspondiente, una vez realizado el trámite que la misma establezca. La Proposición de Ley también insiste en que los BIC situados en dominio público marítimo-terrestre queden sujetos al régimen concesional previsto en la presente Ley, a cuyo efecto la Administración otorgará la correspondiente concesión en el plazo de un año a contar desde la fecha de la declaración de interés cultural. Asimismo, deja claro que a los bienes declarados de interés cultural que se encuentren situados en el dominio público marítimo-terrestre, la zona de servidumbre de tránsito, de servidumbre de protección o de influencia se les tiene que aplicar las medidas derivadas de dicho régimen con preferencia a las contenidas en esta Ley, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria tercera apartado. La iniciativa, registrada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado Filgueira, critica la "falta de suficientes medidas de protección" del litoral durante las últimas décadas, que desde el punto de vista de los 'populares' ha supuesto que las modificaciones en los deslindes hayan dejado dentro del dominio público marítimo-terrestre inmuebles urbanos destinados a residencias unifamiliares o pequeños comercios consolidados desde décadas previas a que se llevara a cabo ese deslinde. Tal y como denuncia, en ese proceso se han visto inmersos núcleos urbanos tradicionales con valores etnológicos "incuestionables". Entre ellos, cita al poblado marítimo de Torre la Sal en Cabanes, les casetes de la Mar de Nules, de Almenara o de Xilxes, en la provincia de Castellón, Sagunto y Tavernes de Valldigna, en la provincia de Valencia; otros en el litoral alicantino; los de Puntas de Calnegre, Puerto de Mazarrón, Cabo de Palos y Los Nietos, en la Región de Murcia; 'les Casetes de Vorera' en Menorca; Punta Larga y El Faro en Fuencaliente, en la isla de La Palma. "Esos núcleos, junto con otros en similares circunstancias en el litoral español, tienen en común unas características particulares que, en muchos de los casos, han merecido protección especial por figuras de catalogación autonómica como 'bienes de interés cultural' o de 'relevancia local' o diversas figuras de protección, pero no gozan de ninguna particularidad en el tratamiento en la legislación de costas", resalta el texto. De forma paralela, el Grupo Parlamentario Popular insiste en que es necesario reconocer la situación de diferentes instalaciones reconocidas de interés local por los municipios costeros, como el caso de los clubs náuticos, y que también hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas costeras han establecido como diferentes denominaciones para reconocer el interés de dichas instalaciones: Bien de Relevancia Local, Bien Catalogado por su Relevancia Cultural, Bien de Interés Local o Catalogado. A su parecer, se debe establecer un abrigo legislativo para esos núcleos urbanos que, una vez identificados, se reconocen con valores propios en cada caso y requieren de herramientas que permitan evitar expedientes de desocupaciones o derribos que, una vez iniciados, suscitan rechazo social y prácticamente unánime en lo político y que, en cambio, no encuentran en la legislación una herramienta que permita su mantenimiento. En este aspecto, incide en que esas desocupaciones o derribos no aseguran la recuperación de funcionalidad del ecosistema, ya que dejan espacios "altamente degradados" y ofrecen un resultado "desfavorable" en cuanto servicios ecosistémicos en un análisis de costo-beneficio ambiental. "Por el contrario, la alternativa de protección y adaptación según la Estrategia de Adaptación del Litoral al Cambio Climático frente a la de retroceso, además de preservar los valores en que se funda esta reposición, evita nuevos retrocesos futuros de la costa y del deslinde", concluye. |
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