
La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre, ha dictado una providencia por la que cita a declarar a once testigos, siete de ellos personal funcionario de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), dependiente de la Generalitat y otros cuatro trabajadores de la plataforma tecnológica del 112.
Así consta en la resolución que ha sido dictada y notificada este martes a las partes y en la que, además, tras el informe remitido por el director general del Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente, le reclama de nuevo para que en el plazo de cinco días informe sobre si los recursos puestos a disposición para la vigilancia del barranco del Poyo el 29 de octubre "fueron utilizados y en qué momento cesó la utilización de dichos efectivos".
De la AVSRE, la magistrada ha citado a la operadora de Comunicación de Emergencias; la coordinadora de recursos y Protección Civil, dos técnicos, y los jefes del servicio de Planificación, Extinción Forestales y de la Unidad de Análisis y Seguimiento de Emergencias, así como a otros cuatro trabajadores del 112 Comunitat Valenciana, entre ellos, el coordinador de la Unidad Técnica de Comunicaciones.
Un informe de Emergencias entregado al juzgado que investiga la dana revela que el teléfono 112 de la Generalitat Valenciana recibió el 29 de octubre un total de 19.821 llamadas entre las 0.00 y las 23.59 horas, la mayoría a partir de las 15.00 horas, y que gestionó 4.770 incidentes. La magistrada había solicitado conocer a partir de qué momento de ese día se empezaron a recibir llamadas sobre los efectos de la dana y de qué poblaciones procedían.
En su declaración como investigada ante la jueza, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas afirmó, sobre estas llamadas al 112, que le constaba que llegó a "colapsar" y que no se pudo atender algunas aunque el servicio estaba reforzado, no sabe si por problemas técnicos o alguna otra causa porque ella no tenia el conocimiento directo. Y apuntó que esas llamadas no llegaban al Cecopi porque están en salas diferentes, en edificios distintos, que no le llegó ninguna llamada de Paiporta, Chiva, etc, y estaban centrados en Utiel-Requena y Forata.
Asimismo, aportó una fotografía sobre el lugar físico donde se encontraba en el Centro de Coordinación de Emergencias donde se constituyó el Cecopi. Explicó a la jueza que en este órgano había una pantalla donde estaban conectados por Webex y no había pantallas de televisión ni informativas.
Eran "tres paredes, una puerta y un panel con una puerta; y había un pasillo tras una pared que era donde tenían una neverita y una cafetera". En una sala del CCE --no del 112-- había funcionarios con sus pantallas, con una pantalla con la hora puesta y se pasaban los avisos, aunque no específicos ni con detalles. Dicha sala del Cecopi "solo tiene paredes y dos puertas".
En concreto, una pared panelada con una puerta "más rudimentaria" que es la que ella utilizaba, ella como mucho abría la puerta para atender o hacer llamadas y volvía, según figura en su declaración en calidad de investigada que realizó el viernes 11 de abril ante la instructora.
PIEZAS INFORMATIVAS
En esta misma providencia, la instructora pide a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) las grabaciones, piezas informativas y programas relacionados con la cobertura de la dana que no hubiera remitido al juzgado con anterioridad.
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