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La Junta recurrirá el veto del Gobierno a la conexión definitiva entre La Colada y Sierra Boyera, en Córdoba | |||
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Así lo ha subrayado Molina, en una rueda de prensa junto al delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Córdoba, Francisco Acosta, en la que ha manifestado la "incredulidad, la indignación y la preocupación" de la Junta de Andalucía ante una decisión que es "injustificable desde el punto de vista técnico, incomprensible desde el sentido común e inadmisible desde el plano político". "El Norte de Córdoba no puede seguir esperando. Hablamos de una infraestructura largamente reivindicada, identificada desde hace más de 16 años como solución estructural al problema de acceso al agua potable en la zona", según ha afirmado Molina, quien ha recordado que este proyecto "no es improvisado ni impuesto", y que la Junta ha mantenido una "coordinación constante" con la Confederación del Guadiana y con la Confederación del Guadalquivir "durante todo el proceso". "Hemos compartido documentación, resuelto dudas y trabajado conjuntamente. Por eso, la negativa ahora es aún más incomprensible". Además, ha criticado que el Gobierno de España "ya renunció a su propio proyecto de conexión entre Puente Nuevo y Sierra Boyera", y ha señalado que fue la Junta la que "asumió la responsabilidad de dar una solución definitiva, aprovechando la infraestructura de emergencia ya existente". Sin embargo, según ha lamentado, "rechazaron Puente Nuevo, y ahora rechazan La Colada" y, ante ello, se ha preguntado "¿qué alternativa proponen?, ¿seguir castigando a esta tierra con parches temporales?". El delegado ha explicado que el proyecto presentado por la Junta "cuenta con todos los permisos medioambientales otorgados por la administración competente, y está declarado de interés autonómico, con financiación asegurada a través del canon del agua". Es "técnicamente viable, medioambientalmente autorizado y socialmente imprescindible. No hay justificación posible para este bloqueo. Esto no es una decisión técnica, es una decisión política", ha subrayado, y "desde el Gobierno andaluz no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Vamos a recurrir el informe, vamos a exigir explicaciones y vamos a defender esta infraestructura con los alcaldes, con los vecinos y con toda la sociedad civil", porque "el agua no puede ser un arma política. El agua es un derecho, y Córdoba lo tiene", ha concluido Molina. |
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