MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
Izquierda Unida y el Partido Comunista de España se quejaron este lunes del “cerrojazo judicial” que a su juicio supone que el Tribunal Supremo haya inadmitido y archivado por segunda vez su querella contra el Rey emérito, Juan Carlos de Borbón, sin "una motivación ajustada a los parámetros constitucionales de tutela judicial efectiva”.
Estas dos organizaciones políticas y el Foro de Abogadas y Abogadas de Izquierdas anunciaron que interpondrán de inmediato un “recurso de súplica contra el auto de archivo ante la misma Sala Segunda del Tribunal Supremo”, tras el rechazo de éste de la querella contra el Rey emérito y personas de su entorno por distintos delitos vinculados al presunto cobro de comisiones ilegales y de importantes cantidades de dinero no declaradas a Hacienda.
Los querellantes expresaron su “profundo desacuerdo y malestar” por la "pobre argumentación" y falta de motivación del auto, que entienden como una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogida en la Constitución y un intento de "salvar la institución de la monarquía".
Resulta “incomprensible”, destacan, que la Sala Segunda, que preside el magistrado Manuel Marchena, alegue que “no procede abrir una investigación contra Juan Carlos de Borbón porque los hechos que se relatan en la querella no son más que "informaciones reflejadas en la prensa’", cuando éstas no han sido desmentidas. Además, aseguran haber aportado a la querella comunicados oficiales de instituciones y la propia Casa Real.
"Causa sonrojo que el Tribunal Supremo alegue que el conocimiento de hechos criminales por los medios de comunicación no es suficiente para la apertura de una investigación judicial cuando, por el contrario, es notoriamente conocido que en este país ha sido gracias a hechos dados a conocer por la Prensa como se han abierto importantes investigaciones judiciales, en especial en asuntos relacionados con la corrupción dentro de la Administración Pública”, sostienen.
Para Izquierda Unida, el PCE y el Foro de Abogadas y Abogadas de Izquierdas, el Supremo “reconoce que la Fiscalía está investigando hechos relativos a la conducta de Juan Carlos de Borbón por existir indicios de criminalidad pero, a la vez, renuncia a su propia capacidad investigadora, cediendo esta labor a la Fiscalía en unas diligencias de investigación opacas y a las que a la acusación popular se le está vetando su conocimiento, lo que a la postre es vetar su conocimiento al conjunto de la ciudadanía española”.
Finalmente, los querellantes remarcan lo “significativo” de que que la Sala Segunda “obvie toda referencia a la aplicación de la inviolabilidad, como sí pedía en su informe de inadmisión la Fiscalía del Tribunal Supremo”. De ello deducen que “la Sala no comparte plenamente esa argumentación de la Fiscalía sobre la aplicación del concepto e inviolabilidad al conjunto de hechos denunciados”.
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