El Congreso prevé rechazar la elevación hasta el 30% de los impuestos para operadores de apuestas y juego ‘online’

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El Pleno del Congreso de los Diputados prevé rechazar este jueves la proposición no de ley de ERC sobre el incremento del impuesto del juego y la limitación de su publicidad, que insta al Gobierno a elevar, “como mínimo”, hasta el 30% los tipos aplicables del impuesto para actividades del juego para operadores de apuestas y juego en línea, siempre respetando el marco competencial y el principio de lealtad institucional.

El texto también urge a elevar en el mismo porcentaje el máximo de los tipos aplicables establecido para las comunidades autónomas en el punto 3 del artículo 48.7 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, suprimir el régimen de tributación específico para las empresas operadoras radicadas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y a aplicar a la publicidad del juego las mismas restricciones publicitarias que se aplican al tabaco, según explicó durante la presentación de la iniciativa la diputada Marta Rosique.

La diputada llamó a adoptar estas medidas “de forma inmediata” para “acabar” con lo que calificó como una “lacra social y sanitaria” y, con respecto a los impuestos del juego ‘online’, subrayó que el gobierno del Partido Popular “ya se encargó en 2018 de bajarlo de un 25% a un 20% y desde entonces nadie ha tocado ni una coma”.

“Estamos hablando de que los servicios funerarios o una bicicleta, por ejemplo, tributan más que el juego ‘online’”, ejemplificó para, a continuación, lamentar que, mientras se grava con un 51% un cigarrillo de tabaco “por la afectación negativa que provoca a la salud física”, se grava con un 20% el juego ‘online’ que, aseveró, “afecta negativamente a la salud mental”.

Por lo que se refiere al régimen de tributación específico en Ceuta y Melilla, propuso que “se acabe con él” y exigió que “alguien explique, y muy bien, qué sentido tiene que un negocio como el de juego ‘online’ tenga un paraíso fiscal en Ceuta y Melilla”. “Cualquiera pensaría que es la puerta de atrás que deja abierta el Gobierno mientras vende en los medios de comunicación que limita la publicidad”, sentenció, para, acto seguido, reclamar también “que no exista publicidad del juego ‘online’ de ningún tipo y que se equipare a la limitación del tabaco”.

En este punto, subrayó que el sector del juego mueve casi 50.000 millones de euros anuales, que representan el 0,9% del PIB, y reclamó la “abolición” de lo que consideró “un negocio sucio y repugnante”, al tiempo que exigió que la salud mental sea “una prioridad política”, convencida de que la ludopatía “contribuye gravemente a deteriorarla” y denunció que la “mayoría” de las casas de apuestas se ubican “sobre todo en barrios obreros”, hecho que, a su entender, “no es ninguna casualidad”.

DEBATE

En el transcurso del debate y ya en el turno de defensa de la enmienda conjunta de PSOE y Unidas Podemos, que fue rechazada, el diputado socialista Daniel Vicente Viondi advirtió de que “el fondo -de la proposición no de ley- puede ser positivo, las formas son equivocadas y el rigor es insuficiente a todas luces”. “Genera un desequilibrio y una discriminación contra otras actividades legales dentro del juego”, añadió, para considerar “inviable” que se pueda llevar a cabo en los términos planteados.

Por lo que se refiere al apartado de las comunidades autónomas, el PSOE entiende “que debe vincularse directamente con la reforma de la financiación autonómica”, al mismo tiempo que rechaza que Ceuta y Melilla sean un “paraíso fiscal”, convencido de que su régimen especial busca “que haya actividad económica en dos territorios que están necesitados de impulso económico”.

Viondi defendió que abordar un asunto como el de la fiscalidad debe hacerse “con un rigor claro” y que las adicciones “no se combaten ni se eliminan exclusivamente haciendo cargas fiscales a una actividad legal y reglada, sino con educación, prevención y atención a quien lo sufre”, convencido de que el gobierno “ha hecho los deberes” y está trabajando en un real decreto de juego seguro.

Por su parte, la diputada Lucía Muñoz (Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común) insistió en que el sector “se aprovecha de la precariedad y de la pobreza, particularmente de la gente más joven, dando falsas esperanzas de éxito a personas que viven en situaciones económicas muy difíciles y a las que acaban arruinando e incluso generando una enfermedad” y criticó que, a través del “bombardeo publicitario”, haya intentado “dar una imagen de que apostar supone algo divertido, una actividad lúdica” y de ocio “vinculada al éxito social y personal y a la ganancia rápida y segura”.

Por ello consideró el Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego como un “paso importante para poner cerco al descontrol que existía en dicha publicidad” y a su “invasión salvaje” y, aunque se mostró a favor de “todas las medidas que se puedan adoptar” al respecto, juzgó “poco rigurosa” la propuesta del Grupo Republicano a pesar de que su formación está “a favor” de que “se estudie y se produzca esa elevación de tipos asociados al impuesto sobre actividades de juego” en los términos que establecía su enmienda conjunta con el PSOE.

FIJACIÓN DE POSICIONES

En el turno de fijación de posiciones, el diputado del PP Juan Manuel Constenla se mostró en contra dado que, a su entender, existe “un problema no tanto fiscal como social”, por lo que urgió a “abordarlo” sin “demonizar” a una “actividad perfectamente legal” y advirtió de que incrementar el gravamen sobre el juego “no es la solución del problema”. “La solución pasa por adoptar las medidas que hagan compatible la prevención con la actividad del juego”, abundó, al tiempo que insistió en que subir los impuestos “no va a influir en la disminución de la adicción” y en que “no es el momento de subir impuestos”.

“Centrémonos en la prevención, en la educación y en la lucha contra la ludopatía, sin demonizar a un sector que genera miles de puestos de trabajo, que paga sus impuestos y que es público y privado”, agregó, para, a continuación, asegurar que eliminar el régimen especial que tienen Ceuta y Melilla “discrimina a estos territorios españoles que, por sus propias características, tienen que mantener sus especificidades”.

Finalmente, por lo que respecta a la publicidad, se mostró “de acuerdo en compararlo con el tabaco, siempre y cuando se aplique por igual al juego público y privado”. “Hay que persuadir, educar e inspeccionar, además de legislar”, sentenció, para reclamar un plan integral de lucha contra los riesgos del juego, “consensuado, con un diagnóstico técnico-científico, que nazca de la colaboración con las comunidades autónomas, donde se tenga en cuenta al sector para hacer compatible la prevención con su actividad y favorecer su implicación activa” hacia un juego responsable y contra el juego ilegal.

Por Vox, Andrés Alberto Rodríguez lamentó que la iniciativa “no propone medidas para proteger a los jóvenes y a los más vulnerables de las adicciones del juego” y criticó que los republicanos “han hablado de abolición del juego y, a la misma vez, quieren lucrarse de los impuestos de dicha actividad”. “Si realmente estuvieran interesados en disminuir las adicciones al juego y proteger a los jóvenes y otros colectivos más vulnerables, su iniciativa estaría centrada en políticas de concienciación y no en aumentar el dinero de la recaudación del juego que va a llegar a las comunidades autónomas”, resolvió.

Por el Grupo Plural, el diputado Ferran Bel (PDeCAT) que comprometió su abstención, juzgó “absolutamente muy corto en sus ambiciones e incluso equivocado” el texto, convencido de que ni empresas ni jugadores abandonarán esta actividad pese a la subida de impuestos, mientras Néstor Rego se mostró de acuerdo con una iniciativa que va “en la buena dirección” y afirmó que no le “sorprende que haya empresas que quieran hacer negocio” y que “lo realmente preocupante es que el Estado lo permita y lo ampare”, por lo que demandó medidas “contundentes” como cerrar las casas de apuestas y abolir los juegos ‘online’.

Por Ciudadanos, María Carmen Martínez admitió que en el “diagnóstico” encuentra “puntos en común” con la iniciativa de ERC, si bien reconoció que la propuesta les “defrauda” en cuanto a “soluciones” como la subida impositiva y dijo echar “en falta aspectos fundamentales” como acciones educativas, campañas de sensibilización y apoyo facultativo, para “combinar la protección de las personas vulnerables, con el derecho a la libertad de empresa” para evitar la “criminalización de un sector y de los jugadores con conductas de juego moderadas”.

Por el PNV, Joseba Andoni Agirretxea, que apoyó la proposición, aseguró que la posible problemática asociada al juego patológico “no es solamente una cuestión de salud mental, sino también de salud económica” y advirtió de que las medidas fiscales “solo repercuten en los dueños de las casas de apuestas y o poco o nada tienen que ver después con las personas que juegan”, por lo que también reclamó “hacer algo mucho más amplio si el objetivo es evitar que nuestros jóvenes caigan en el juego con las consecuencias de la ludopatía”.

Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, Oskar Matute también se mostró a favor de una propuesta concebida como “solo un paso más de los muchos que hay que dar en la buena dirección” y consideró “importante que bajo ninguna forma se alberguen paraísos fiscales y que se respete la autonomía de las comunidades autónomas” en este ámbito, revelándose partidario de subir impuestos “sobre todo para intentar dificultar la labor de este negocio” además de “combatir” su “publicidad engañosa”.

Por el Grupo Mixto, Isidro Manuel Martínez Oblanca (Foro Asturias) lamentó que, “al contrario de lo que pudiera parecer, esta no es una proposición para combatir la ludopatía y los efectos perniciosos del juego” y, tras poner “en valor” el Consejo de Políticas del Juego, aseguró que “así no se evita la adicción al juego, ni su peligrosidad, ni la ruina personal y familiar que conlleva”, mientras Albert Botran (CUP), que mostró su respaldo a la iniciativa, si bien lamentó que Unidas Podemos proponía “acabar y cerrar las casas de apuestas y terminar con la publicidad del juego y estamos muy, muy, muy lejos de conseguirlo”.