Eurodiputadas españolas piden reformar el tratado de la UE para que la violencia de género sea un “eurodelito”, como el terrorismo o la corrupción

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

Las diputadas españolas en el Parlamento Europeo Soraya Rodríguez (Ciudadanos) y María Eugenia Rodríguez Palop (Unidas-Podemos) piden a la Comisión y al Consejo reformar el artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la UE para incluir la violencia de género entre los ámbitos delictivos que éste regula, tales como el terrorismo y la corrupción.

Así lo expresaron en un diálogo #TúEresEuropa sobre Igualdad, Derechos y Valores Democráticos organizado por la agencia de noticias Servimedia con financiación del Parlamento Europeo, en el marco del debate que las instituciones comunitarias han abierto con la sociedad civil de cara a la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Según Soraya Rodríguez, miembro de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, la consideración de la violencia de género como “un eurocrimen” proporcionaría "la base jurídica necesaria para la aprobación de una directiva comunitaria” aplicable en toda la Unión, ya que implicaría que todos los Estados reconociesen este delito, algo que no sucede en la actualidad. “Necesitamos acciones conjuntas”, resaltó, pero “también datos y conocimiento”.

En la actualidad, los mismos hechos delictivos son considerados o no crímenes de violencia de género en función de las leyes de cada país, explicó, y lamentó la falta de “protocolos equiparables para las fuerzas de seguridad, los servicios sanitarios y los servicios sociales”.

Rodríguez Palop, que es vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género en la Eurocámara, resaltó que solo España y Suecia tienen una ley contra la violencia de género propiamente dicha. Otros diez países recogen la violencia doméstica en sus leyes, prosiguió, y “en el resto, estos crímenes queda subsumidos dentro de distintos tipos penales”. “De ahí la necesidad de considerarla como eurodelito”, a fin de “armonizar “ las penas y también la asistencia y ayuda a las víctimas.

En su intervención, Rodríguez Palop recordó que una de cada tres mujeres en la UE ha sufrido violencia física o sexual; un 55% ha vivido episodios de acoso en el trabajo, y unas 650.000 son víctimas de la mutilación genital femenina.

OPOSICIÓN DE LOS ESTADOS

Aunque el Parlamento Europeo ya se mostró favorable a esta iniciativa (socialistas, liberales, verdes e izquierda respaldaron de forma muy mayoritaria la resolución), de momento la Comisión Europea se opone a ello. El Grupo Popular se dividió en la votación, ya que el texto incluía una mención a los derechos sexuales y reproductivos.

“Tenemos serias dudas de que la directiva europea salga adelante", al menos en los términos que nosotras planteamos, por que "hay determinados Estados que no están por la labor”, admitió la parlamentaria de Unidas Podemos. En su opinión, “es posible” que se apruebe una directiva comunitaria contra la violencia de género referida a los ámbitos de la prevención y las políticas públicas, “pero no con el alcance legal que se requiere”.

Rodríguez Palop apuntó a la más que “previsible resistencia” del Consejo de la UE, “donde las decisiones se toman por unanimidad y hay determinados gobiernos que solo se dedican a poner piedras en el zapato en todo lo que se refiere a derechos de la mujer”.

Como ejemplos, citó los casos de Polonia y su involución en cuanto al derecho al aborto y sus 'zonas libres de ideología Lgtbi', y de Hungría, con su legislación contra el matrimonio igualitario. Subrayó que los fondos europeos están condicionados al respeto de los derechos humanos recogidos en el artículo 2 del Tratado.

En este sentido, los países que buscan retroceder en los derechos de las mujeres y del colectivo Lgtbi deben “tener muy claro que los fondos covid y el resto de ayudas están condicionados al respeto de los derechos y valores europeos”, recalcó, y que “no se puede estar sentado en el Consejo en condiciones de igualdad solo para recibir dinero”.

PELIGROS DEL NEGACIONISMO

Soraya Rodríguez destacó también la importancia de “los avances en cuanto a condicionalidad” y criticó que, debido a la “oposición de ciertos Estados”, la Unión Europea no ha firmado aún el Convenio de Estambul contra la violencia de género. “Es una vergüenza”, declaró.

En ese sentido, Rodríguez alertó del peligro que entrañan “los mensajes negacionistas de la violencia de género” e insistió en la necesidad de incidir en la educación de los más jóvenes. Afirmó que “este país ha vivido una auténtica revolución en los últimos 30 años en cuanto a persecución de la violencia de género y al tratamiento y apoyo a las víctimas”, pero “ese cambio no se refleja de forma proporcional en las nuevas generaciones”.

“Tenemos que concienciar desde la escuela, la familia, los medios y, en el caso de los jóvenes, las redes sociales y las nuevas tecnologías”, propuso. En su opinión, resulta “muy peligroso” el acceso libre a contenidos que se etiquetan como sexuales pero que en realidad son violencia pura contra las mujeres”, a los que acceden niños con once años de forma habitual.

DISCAPACIDAD

En el encuentro intervinieron también dos jóvenes con discapacidad: la secretaria general de las Juventudes de UP de la ONCE, Raquel Correa, y el presidente de la Comisión de Juventud del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Guillermo Fernández.

Según Correa, “las mujeres y niñas con discapacidad tenemos entre dos y cinco veces más posibilidades de sufrir violencia física o sexual que la población femenina en general”.

Fernández subrayó que la violencia de género puede a su vez “ser generadora de discapacidad sobrevenida en muchas mujeres, y destacó los trabajos que desde la Comisión de Juventud de Cermi se llevan a cabo para acabar con la “doble discriminación” que sufren las mujeres y niñas con discapacidad.

Por ello, los dos reclamaron que cualquier medida contra la violencia de género o para el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres tengan en cuenta la realidad de estas personas.