CSIF exige al presidente de Correos que ejecute los puntos pendientes del acuerdo del plan estratégico del grupo

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exigió este viernes al presidente de Correos, Pedro Saura, que ejecute los puntos pendientes del acuerdo del plan estratégico del grupo que firmó con el sindicato.

Según demandó la central sindical, Correos ha de negociar un nuevo convenio colectivo que permita adecuar los salarios y recuperar la pérdida de poder adquisitivo, ya que un trabajador con más de 30 años de antigüedad tiene un salario inferior a los 1.300 euros.

Asimismo, el sindicato señaló que la declaración sobre el diálogo social para el plan estratégico de Correos, avalado por CSIF, fue “clave” para la continuidad como empresa pública, pues gracias a dicho acuerdo, con vigencia hasta finales de 2024, se aseguró la continuidad y viabilidad de Correos como empresa pública.

No obstante, CSIF remarcó que hay puntos que siguen sin ejecutarse, tales como la negociación de una mejora retributiva progresiva para las plantillas y el impulso del programa de jubilaciones.

Por ello, la central sindical se dirigió a Saura y le exigió que se inicie “de manera inmediata” la negociación del convenio colectivo para abordar, entre otras mejoras, estas dos cuestiones que son ”capitales” para el conjunto de las personas trabajadoras de Correos, así como la actualización del suplido del combustible.

“Correos debe apostar decididamente por su mayor valor, sus trabajadoras y trabajadores”, afirmó CSIF, que propone un acuerdo económico plurianual que permita, además de recuperar el poder adquisitivo perdido en la última década “que se ha agravado notablemente con el acuerdo firmado en 2022 por CCOO y UGT con el Gobierno”, el incremento retributivo de los empleados de Correos en al menos 300 euros mensuales.

El acuerdo debe dar una respuesta ”adecuada” a la elevada tasa de edad de las plantillas de Correos e impulsar el programa de jubilaciones previsto en los acuerdos alcanzados en diciembre de 2019 y aprobados por los organismos públicos competentes (SEPI y Ministerio de Hacienda), según el sindicato.