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Una responsable de Función Pública con discapacidad anima a este colectivo a apostar “por el empleo público”

Agencias
domingo, 7 de julio de 2024, 10:32 h (CET)

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)


María Sánchez Ozamiz tiene 33 años, una severa discapacidad auditiva y una trayectoria profesional brillante. Ha ocupado diversos cargos de relevancia en la administración pública, donde ingresó nada más graduarse por su vocación de servicio y “por la estabilidad laboral” que ofrece.


Esta joven que pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2018, se licenció en Derecho. “Es una carrera muy versátil y con muchísimas salidas que sirve para prácticamente todo”, confesó Sánchez Ozamiz en una entrevista a Servimedia.


Actualmente ocupa la jefatura de la Unidad de Asistencia Técnica de la Dirección General de la Función Pública. Además, desempeña diversas funciones de índole jurídica y otras tareas variadas de coordinación y apoyo.


Es una joven profundamente comprometida con los derechos de las personas con discapacidad y participa como ponente en diversas jornadas tanto de captación del talento como de diversidad en el empleo de la Administración Pública.


LA ‘YOUTUBER’ DE LA FUNCIÓN PÚBLICA


Llevar implantes cocleares puede comportar ciertas dificultades en el habla, pero María es una gran oradora. Y por encima de todo es una profesional con discapacidad y éxito profesional, algo que desea compartir con otros.


La joven no vaciló ni un momento en ponerse frente a la cámara y grabar un vídeo. Como si de una ‘youtuber’ se tratara animó a otras personas con discapacidad a que hiciernan como ella y apostasen por el empleo público.


MÁS PLAZAS, MÁS OPORTUNIDADES


María apenas supera la treintena y es toda una profesional del funcionariado. Trabajó durante un tiempo en el Instituto Nacional de Administración Pública; después en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía y en la Subdirección General de Recursos y Reclamaciones con los Tribunales del Ministerio de Ciencia e Innovación, donde también desempeñó el cargo de subdirectora adjunta de fondos europeos para la ciencia y la innovación.


Pese a tener un excelso currículum subrayó: “Las personas que trabajamos en la Administración General del Estado (AGE) a veces somos grandes desconocidos”. Además, destacó la falta de información. “Yo misma pensaba que solamente había cinco oposiciones a las que me podía presentar: juez, notario, abogado del Estado, registrador y fiscal”.


Después descubrió que la oferta era mucho más diversa. “Podía postularme a inspectora de Hacienda o de trabajo de la Seguridad Social entre otras. Hay muchísimas que se ven reflejadas en la oferta de empleo público y me da pena que no haya más conocimiento sobre esto,” señaló.


“Las opciones son muchas y muy variadas para cualquier persona con discapacidad, independientemente del nivel de titulación que tenga y de las ofertas, bien sean funcionariales o laborales. Por todo ello animo encarecidamente a todos a que nos conozcan y vengan a preguntarnos e informarse”, insistió Sánchez Ozamiz.


El entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública convocó entre 2019 y 2021 más de 2.000 plazas destinadas a personas con discapacidad. El pasado año el Consejo de ministros aprobó el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que modificó algunas de las medidas que garantizan el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, así como su promoción y formación dentro de la administración pública.


La nueva norma dispuso que “en la oferta de empleo público se reservará un porcentaje no inferior al 10% de las plazas convocadas para ser cubiertas entre personas con discapacidad siempre que superen las pruebas selectivas, y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas”.


Esto significa que un mayor número personas con discapacidad pueden acceder a la función pública y se establece la conocida como subcuota del 2% que hace referencia al volumen de plazas destinadas a personas con discapacidad intelectual.


“Siempre tuve claro que quería ser funcionaria porque la empresa privada me generaba mucha desconfianza ante el posible despido en cualquier momento o por cualquier razón discriminatoria”, refirió. “Desde pequeñita supe que tenía que hacer alguna oposición y esas opciones fueron cambiando a lo largo del tiempo”.


En un primer momento, quiso ser registradora de la propiedad, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que quería abordar cuestiones más amplias, más transversales. “Buscaba algo más dinámico y mi vocación de servicio se vio completamente realizada como Administradora Civil del Estado”, apuntó.


Para garantizar el acceso laboral de todos los aspirantes a un puesto de la función pública, con discapacidad y sin ella, explicó que se han implementado algunas medidas como los códigos electrónicos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).


“Somos conscientes de que estamos muy centralizados todavía y tenemos que ser más cercanos a la ciudadanía”, reconoció. En esta línea de trabajo, “las pruebas selectivas se están territorializando por provincias para que todas las personas, especialmente aquellas que tienen algún problema de movilidad física, puedan desplazarse con mayor facilidad hasta las sedes donde se realizan los exámenes”, destacó.


De otro lado, recordó que la administración pública colabora cada vez más en foros de inclusión social de empleo. “Nos está ayudando muchísimo la ONCE y Cermi a la hora de ponernos en contacto con todos los colectivos; incluso yo misma he ayudado a algunas personas que me han preguntado y he hecho de enlace”. Esta joven brillante expresó su apuesta por una red futura “cada vez más estrecha” que sirva para ayudar los unos a los otros.


Como miembro de la Comisión Permanente de selección de la AGE, María ha participado recientemente en la vigilancia de los exámenes de personas con discapacidad que se presentaron a una convocatoria de empleo público. “He visto las adaptaciones necesarias que requería cada persona, tanto las que tenían discapacidades físicas como sensoriales. Y resulta fascinante ver cómo ha evolucionado la tecnología durante todos estos años”, destacó.


“Por ejemplo, las personas con ceguera disponían de programas informáticos que les hablaban y traducían lo que necesitaban; y al revés, las personas sordas contamos con intérpretes de lenguas de signos graduados, pero también es importante el subtitulado que cada vez está más perfeccionado”.


Su déficit auditivo nunca fue un impedimento para desarrollar su talento y reconoció la importancia que han tenido para ella los apoyos electrónicos y otros medios tecnológicos. Así como manifestó abiertamente su confianza en la inteligencia artificial.


“En el ámbito ministerial se van implementando las medidas de accesibilidad a través de los planes estratégicos, tanto en las páginas web como en los portales de trasparencia”, indicó María Sánchez Ozamiz. Y advirtió: “Vamos despacito, pero estamos en ello”.


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