El Congreso acuerda tramitar una proposición de ley para que la pederastia no prescriba

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

Diputadas del PSC, ERC y los Comuns defendieron este martes ante el Pleno del Congreso de los Diputados la ley catalana para evitar que los delitos de pederastia prescriban, tal y como aprobó la institución catalana, que designó a las tres representantes para poner en marcha la modificación del Código Penal. La toma en consideración de la propuesta salió adelante con 305 votos a favor, 32 en contra y 1 abstención.

Judith Alcalá (PSC), Raquel Sans (ERC) y Susana Segovia (Comuns) fueron las encargadas de defender ante la Cámara Baja la proposición de ley para modificar la prescripción de los delitos contra la libertad sexual contra menores de edad, ya que algunas denuncias de pederastia llegan cuando el delito ya ha prescrito.

En concreto, se trata de modificar el Código Penal para que los casos de agresión cometidos por adultos contra menores no prescriban. En concreto, en caso de ser aprobada definitivamente la proposición en sus actuales términos, lo que sucedería al final del trámite parlamentario, los delitos sentenciados con penas de más de 5 años de cárcel no prescribirán penalmente.

Durante su intervención, Alcalá destacó que en diez años se ha incrementado el número de víctimas de estos delitos en un 173%, según el Ministerio del Interior. “Son cifras escalofriantes que no se pueden pasar por alto”, dijo, apelando al “deber moral” de la modificación legal.

Sans se refirió a que varios estudios muestran que sólo se denuncia un 15% de los abusos a los menores (sólo el 30% de las denuncias comporta juicio oral), que afectan a un 20% de la población. “Es decir, uno de cada cinco menores será victima”, continuó. “El grado de impunidad, de inmunidad de los agresores nos debería hacer reaccionar como responsables políticos y como sociedad”, añadió, y recordó que “la mayor parte de los abusos, cuatro de cada cinco, se cometan por parte de un familiar o una persona del entorno de la víctima”.

Por su parte, Segovia puso el foco en el “derecho al tiempo” que demandan las víctimas, para olvidar, recordar, denunciar y cuidarse. Según dijo, las víctimas necesitan tiempo “para que cuando se decidan a denunciar no se encuentren con un juez que les diga ‘lo siento, has tardado mucho’”. “Se les cierra la puerta y se abre a la impunidad”, lamentó, pidiendo los votos a favor de los parlamentarios.

FIJACIÓN DE POSICIONES

En el turno de fijación de posiciones de los distintos grupos, Néstor Rego (BNG) subrayó la importancia de la propuesta catalana para extender la imprescriptibilidad a los delitos de abusos contra la infancia, y se mostró por ello a favor de la toma en consideración de esta propuesta de ley “por dignidad política y humana”.

Noemí Santana (Podemos) aseguró que su grupo apoyaría “con firmeza” la propuesta, por su “urgencia”, ya que destacó que esta lacra supone un problema “de derechos humanos” y de “salud pública”.

A continuación, Mikel Legarda (EAJ-PNV) cuestionó si hay razones para equiparar los delitos contra la libertad sexual de los menores a otros de derecho internacional como los de lesa humanidad, los crímenes de guerra y terrorismo y de que la reforma no será retroactiva. “Nos solidarizamos con el dolor de las víctimas”, y manifestó que “a pesar de las graves dudas que suscita la iniciativa”, no iban a votar en contra, “a la espera de escuchar a expertos y poder pronunciarse con mejor criterio”.

“Quitar la prescripción no es suficiente para reparar el problema”, dijo Josep Pagès (Junts), que reclamó también políticas de prevención y concienciación y afeó a PSOE y PP que la imprescriptibilidad podría estar vigente desde hace año y medio. El diputado anunció que presentaría “enmiendas complementarias” para mejorar la norma en cuestiones de matrimonio con menores, torturas y secuestro, pero manifestó su apoyo a la propuesta.

Por el ERC intervino Jordi Salvador, que mostró su “apoyo incondicional a la norma” por el trauma que suponen estos delitos en sus víctimas, que muchas veces son “revictimizadas” en el proceso judicial. “Es una ley que supone una esperanza”, zanjó.

VIOLENCIA MACHISTA

Gala Pin (Sumar) subrayó que “la violencia contra la infancia es violencia machista” y que habría que preguntarse “si no es un delito de lesa humanidad”. Pidió más trabajo en la educación socioafectiva y en la “lucha antimachista”.

Por Vox, Carina Mejías señaló que en Cataluña los casos de abusos a menores son “escalofriantes”, con más de 1.300 denuncias el pasado año. Recordó que Vox lleva "mucho tiempo" reclamando "una respuesta penal más contundente”, por lo que manifestó “dudas” ante la propuesta. “Esta iniciativa no nos ofrece confianza por los efectos que han tenido otras anteriores”, zanjó. Precisamente Vox fue el único grupo que votó en contra de la toma en consideración de la propuesta.

La diputada socialista Alba Soldevilla consideró que la propuesta permite “avanza en la protección” de las víctimas. “Nadie le puede decir a una víctima menor de edad cuánto tiempo tiene”, dijo explícitamente a los diputados de PP y Vox. “Señorías de la derecha, no se amparen en la Iglesia”, pidió, después de recordar que a partir del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia se podía calcular que habría de 400.000 víctimas eclesiales.

El representante del PP Nacho Martín Blanco llamó a la “coherencia legislativa” y alertó de la posibilidad de un “populismo jurídico”, de tratar de cambiar todas las normativas. Por ello, indicó que la reforma se podría haber tramitado por otras vías legislativas. No obstante, mostró el apoyo de su grupo, como había pedido a las puertas del Congreso el activista Miguel Hurtado, víctima de abusos en la abadía de Montserrat.

Martín Blanco argumentó su apoyo en la “especial solidaridad con las víctimas”, pero avanzó que su grupo solicitará que hablen “expertos y juristas que doten de más consistencia a la posible reforma del Código Penal que salga de este debate”, emplazó. Asimismo, tachó de “degradante” el “anticlericalismo galopante” de la portavoz socialista. “No se puede demonizar a la Iglesia” porque es una gran “falacia” que la mayoría de los delitos estén en ese ámbito, concluyó.