MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
La responsable de Empleo de Plena inclusión España, Silvia Muñoz, mostró este lunes su satisfacción con el modo en que se llevaron a cabo los exámenes de acceso al empleo público para más de 4.000 personas con discapacidad intelectual celebrados este sábado en Madrid, Sevilla, Coruña y Zaragoza.
Según el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, un total de 4.262 personas con discapacidad intelectual optaban a las 455 plazas de empleo público como personal laboral fijo del grupo 2E, para realizar 'tareas complementarias de apoyo' en la Administración General del Estado (AGE).
Esta prueba se correspondía con dos convocatorias –una de 199 plazas y otra de 256—pertenecientes a la reserva específica del 2% para personas con discapacidad intelectual, dentro del cupo general del 10% para personas con discapacidad.
En declaraciones a Servimedia, Muñoz destacó que solo el 23% de las personas con discapacidad intelectual tienen trabajo, por lo que "el empleo público supone una gran oportunidad" para ellas que, además, "aprovechan con todas sus fuerzas".
En 2011 se aprobó la obligación legal para las administraciones públicas de reservar un 2% de las plazas de nueva creación a personas con discapacidad intelectual, subrayó, y la presente oposición ha sido la más multitudinaria de este tipo celebrada hasta la fecha.
Desde el año 2012, la Administración General del Estado ha convocado 1.356 puestos de trabajo para la función pública dentro de este cupo reservado, a los que se han presentado 18.398 personas con discapacidad intelectual. El 100% de las plazas convocadas se han cubierto.
"Si tú preguntabas a una persona con discapacidad intelectual hace 10 años por la posibilidad de opositar, nadie había considerado la idea", detalló Muñoz. "Hoy en día, rara es la persona del colectivo que no lo haya intentado o que, por lo menos, no conozca a alguien que lo intente".
APOYOS Y ADAPTACIONES
"Ahora bien, reservar plazas para discapacidad intelectual es necesario, pero no suficiente", precisó. "Debemos garantizar las adaptaciones y apoyos que precisan", explicó, motivo por el que, en 2021, Plena inclusión elaboró un temario en lectura fácil (que después el ministerio amplió y validó) que ha servido de base para preparar todos los exámenes de esta clase celebrados después.
Según Muñoz, las distintas entidades y federaciones de Plena inclusión han ofrecido, además, preparación a los interesados, así como información puntual a ellos y a sus familias sobre contenidos, plazos de inscripción, pasos a seguir, etc.
De hecho, numerosas personas de apoyo acompañaron el sábado a los aspirantes para facilitar su llegada a las sedes de la oposición y la entrada a la sala de examen. Una vez dentro, "el personal de la Administración se encargó de resolver dudas e incidencias", aclaró Muñoz.
CONTENTA Y A LA ESPERA
Ana Nieves Osuna es una de las 4.000 personas con discapacidad que se presentaron el sábado al examen. Tiene 28 años y lleva uno entero dedicada a preparar esta oposición, junto a "otros muchos compañeros de su asociación".
"Nos han ayudado a estudiar el examen", con "preparadores que nos explicaban los temas", apunta, y el sábado también les acompañaron a la prueba (a ella, le tocó en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid). Preguntada sobre sus impresiones tras el examen, se muestra "contenta y satisfecha" porque cree que le salió bien.
La prueba constó de 25 preguntas –más otras cinco de reserva--- redactadas en un lenguaje sencillo, aunque no en lectura fácil. De todos modos, "las personas que había en la sala nos ayudaron y atendían las dudas que teníamos", subrayó Nieves.
A su juicio, facilitar que las personas con discapacidad intelectual accedan al empleo público "es importante y una gran oportunidad para nosotros". Ella misma se confiesa "muy ilusionada" con la expectativa y sabe que muchos de sus compañeros también lo están.
Según Silvia Muñoz, "es una gran tranquilidad para las familias saber que sus hijos pueden trabajar para la AGE". Por ello, reclamó ampliar la subcuota de empleo reservada a personas con discapacidad intelectual al 3% e, incluso, crear una específica del 1% para discapacidad del desarrollo. En su opinión, dentro del sector existe un gran interés por trabajar en la Administración, pero "se enfrentan a muchas barreras".
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