Marlaska asegura que el pacto migratorio con Junts no pone "en peligro" ni competencias ni derechos

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió este martes en el Senado que la delegación de competencias migratorias a Cataluña acordada con Junts no pone "en peligro" ni las atribuciones estatales en este ámbito ni los derechos de los españoles o los inmigrantes.

Así lo aseguró durante una interpelación en la Cámara Alta, donde el senador del PP Eloy Suárez le pidió explicaciones sobre el acuerdo con Junts y otras decisiones sobre la reorganización de las Fuerzas de Seguridad, como la supresión de la unidad OCON Sur contra el narcotráfico.

"No se cede el control de fronteras ni se cede el control de los flujos migratorios irregulares. No se trocean las fronteras ni se pone en riesgo la seguridad nacional", enfatizó el titular de Interior sobre el acuerdo con Junts.

Marlaska explicó que la delegación de competencias permitirá que la Generalitat funcione como "ventanilla única" en asuntos como autorizaciones de estancia de larga duración o propuestas de contrataciones en origen, desde un "conocimiento más profundo de la realidad social local".

COMPETENCIAS DELIMITADAS

El ministro afirmó que, con el pacto con Junts, "no se pone en peligro ni los derechos de los españoles ni los derechos de los inmigrantes". Afirmó que lo que se hace es delegar competencias en "una administración más cercana", como es la Generalitat catalana, para que gestione el proceso de acogida e inclusión de los llegados de fuera.

Añadió que la Policía Nacional y la Guardia Civil mantendrán su presencia y funciones en las fronteras catalanas, donde "seguirán realizando la misma actividad que hasta ahora", incluido el control y autorización de entradas y salidas.

"La Generalitat cumplirá la legislación nacional y comunitaria vigente. Se delegan competencias de gestión y ejecución, no de legislación. Las normas y requisitos son los mismos y están determinados en la legislación estatal", remarcó.

Por su parte, Suárez acusó al Gobierno de "entregar la seguridad del Estado a quien odia a España" y de vulnerar el principio de igualdad interterritorial con una delegación que consideró "indelegable".