MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
Los ciudadanos deberán intentar llegar a acuerdos antes de presentar una demanda civil o mercantil, según establece la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor este jueves.
Según destacó el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, esta medida forma parte esencial de la nueva norma, que busca reducir los litigios y agilizar la tramitación de conflictos en los tribunales mediante el uso de los llamados Medios Adecuados de Solución de Controversias (Masc)
La nueva ley establece excepciones para casos como la tutela de derechos fundamentales, filiación, procedimientos concursales, medidas cautelares o violencia de género, donde no será necesario acreditar el intento previo de acuerdo.
Entre los mecanismos contemplados para alcanzar acuerdos extrajudiciales se encuentran la mediación, la conciliación, la opinión experta independiente, la oferta vinculante confidencial, la abogacía colaborativa y la negociación directa entre las partes implicadas.
TRANSFORMACIÓN JUDICIAL
La reforma también modifica el sistema de costas procesales, ya que los tribunales valorarán si alguna de las partes se negó a buscar una solución consensuada, lo que influirá en los criterios para su imposición.
A partir del 1 de julio de 2025 entrará en vigor de manera escalonada una profunda reorganización judicial que transformará los 3.931 juzgados unipersonales actuales en 431 tribunales de instancia, cada uno con apoyo de una oficina judicial.
Esta nueva estructura permitirá una mayor especialización de las plazas judiciales, que se organizarán por secciones para homogeneizar las prácticas jurisdiccionales y organizativas en los tribunales.
Los cambios incluyen la creación de nuevas plazas judiciales cuando sea necesario, ya que estas dejarán de estar vinculadas a la apertura de nuevos juzgados, lo que permitirá reinvertir unos 300.000 euros por cada caso.
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