Dos ONG demandan a España por no investigar sospechas de pesca ilegal de barcos nacionales en África

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

Las organizaciones ecologistas ClientEarth y Oceana han presentado una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra las autoridades españolas por "no investigar ni, en su caso, sancionar" a barcos de pesca españoles o a empresarios españoles por presuntas operaciones de pesca ilegal en Senegal y Guinea Bissau.

Se trata de barcos o empresarios beneficiarios de barcos con banderas de terceros países que desactivan su Sistema de Identificación Automática (AIS, por sus siglas en inglés) en periodos prolongados.

El AIS es una tecnología de seguimiento que se utiliza para controlar públicamente los movimientos de los buques y para prevenir accidentes en el mar.

"Las comunidades locales de la región se enfrentan a consecuencias desastrosas derivadas de la reducción de los 'stocks' pesqueros, como riesgos para la seguridad alimentaria, pérdida de empleo y migración forzosa", apuntaron.

Los buques de propiedad extranjera, incluidos los españoles, representan el 73% de la flota industrial de África occidental. "Preocupa que la falta de control en el mar y en los puertos pueda estar permitiendo la pesca ilegal", añadieron.

Un análisis de Global Fishing Watch muestra que varias embarcaciones con bandera española que operan en Senegal y Guinea Bissau parecen desactivar su AIS durante periodos de tiempo significativos, lo que supondría una clara infracción de la normativa pesquera de la UE.

"Lo que nos desconcierta es por qué estos barcos apagan sus señales públicas de identificación, quedándose 'a oscuras' durante periodos tan largos. Esta falta de transparencia podría estar relacionada con el fraude. Hemos pedido a las autoridades españolas que investiguen más a fondo estos barcos, pero se han negado a hacerlo. Ahora vamos a acudir a los tribunales para exigir que cumplan sus obligaciones legales", según Nils Courcy, abogado de ClientEarth.

VACÍO LEGAL

Según las ONG, las autoridades españolas alegan que carecen de jurisdicción para investigar y sancionar a sus ciudadanos y empresas potencialmente involucrados en pesca ilegal fuera de las aguas de la UE, salvo que figuren en listados oficiales de buques implicados en actividades de pesca ilegal.

"La UE prohíbe explícitamente a sus ciudadanos y empresas apoyar la pesca ilegal en cualquier parte del mundo. Si lo hacen, los Estados miembros deben identificarlos y sancionarlos, independientemente de que estos barcos estén en listas negras oficiales. La legislación española debe acabar con los vacíos legales y exigir responsabilidades a que aquellos que se benefician de la pesca ilegal en cualquier lugar del mundo", apuntó Ignacio Fresco Vanzini, asesor político de Oceana en Europa.

La UE reconoce el creciente riesgo de pesca ilegal en África occidental. En mayo de 2024, la Comisión Europea amonestó a Senegal con una 'tarjeta amarilla' como muestra de su preocupación por la falta de capacidad del país para prevenir la pesca ilegal.