MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y el Perte de construcción industrializada, al que destinará 1.300 millones de euros en los próximos 10 años.
La aprobación de la reducción de la jornada laboral fue anunciada esta semana por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el congreso de CCOO de Industria, en donde Díaz proclamó que la norma se dirige al Congreso de los Diputados después de ser aprobada en primera vuelta el pasado 4 de febrero y con un pacto con sindicatos, sin la patronal.
En su anuncio, Díaz instó al sindicalismo a recorrer el país "para que el sentido común de la calle llegue al voto definitivo en el Congreso de los Diputados" y defendió que la medida llega "con las herramientas claves" como "un acuerdo de diálogo social de 11 meses" de debate.
La vicepresidenta admitió que "no va a ser fácil" que la reducción de jornada logre el respaldo del Congreso, pero prometió "dejarse la piel" en la negociación para que salga adelante, y anunció que después de sacar adelante este asunto, será el turno del Estatuto del Becario.
La reducción de la jornada llega con el rechazo de la patronal CEOE, que esta semana reaccionó al anuncio señalando que se produce "en la antesala del Primero de Mayo y con evidente oportunismo político".
La patronal aclaró que las organizaciones empresariales defienden una reducción de jornada "ajustada a las necesidades de cada sector a través de la negociación colectiva" y advirtió de que situarla por debajo de la jornada promedio ya pactada en los convenios colectivos "va a acabar por dinamitar" la negociación colectiva.
Por ello, llamó a la "responsabilidad para que durante el trámite parlamentario de la norma se tengan en cuenta estas cuestiones y se disponga de un adecuado análisis de impacto económico".
Junts, partido decisivo en varias votaciones en el Congreso, se mantiene en contra de la medida y hay organizaciones como la patronal catalana de pymes Pimec, que ha iniciado una ronda de reuniones con fuerzas políticas para trasladar su rechazo empezando por Junts, con una visita a Waterloo para encontrarse con Carles Puigdemont.
UN PLAN PARA CONSTUIR MÁS RÁPIDO
La reunión ordinaria de ministros también dará su visto bueno al Perte para impulsar la vivienda industrializada presentado el pasado jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de la feria de construcción industrializada Rebuild.
Este Perte, en el que han trabajado de forma conjunta los Ministerios de Vivienda, Economía e Industria, tiene como objetivo impulsar una modalidad de construcción con métodos modernos que actualmente está en el 5% del total de promociones de vivienda. "Estamos a años luz de países como Alemania, en el que el 20% de la nueva construcción utiliza estos métodos", explicó Sánchez durante la presentación del evento
El plan tiene como objetivo construir 15.000 viviendas industrializadas al año, que serán 20.000 dentro de una década. Se centrará en tres ejes: aumento de la capacidad productiva -pretende reducir los tiempos de construcción entre un 20% y un 60%-, mejorar las condiciones laborales del sector y hacerlo más atractivo tanto para los jóvenes como para las mujeres -solo representan el 11% de los empleos del sector- e incrementar los estándares de construcción y de eficiencia energética de estas nuevas viviendas.
Sánchez anunció que este plan, aunque impactará en todo el territorio nacional, tendrá su epicentro y sus primeras actuaciones en la provincia de Valencia, que fue fuertemente azotada por la dana que arrasó varios municipios el pasado mes de octubre.
La capital del Turia será sede de la nueva Ciudad de la Industrialización de la Construcción, que estará ubicada en la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia, en suelo titularidad de Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo, dependiente del Ministerio de Vivienda).
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