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El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, judicializó el asunto el pasado 24 de septiembre al trasladar a la Audiencia Nacional las diligencias que había abierto a comienzos de mes por posibles delito societario y de apropiación indebida.
Los gastos, señala en un comunicado, fueron de comidas y gasolina para sus desplazamientos cuando realizaba tareas relacionadas con la actividad de consejero.
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